Concluyó el primer mes de campañas rumbo a la elección judicial, y el balance deja más preguntas que certezas. La ruta estuvo llena de propaganda —como era de esperarse—, no exenta de polémica, pero lo que más marcó este periodo es la incertidumbre provocada por las reglas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que pretendían asegurar igualdad de condiciones entre las candidaturas. Paradójicamente, en ese afán por garantizar equidad, lo que hemos visto es una competencia profundamente inequitativa.
El INE, una institución reconocida por su rigor organizativo, implementó criterios de fiscalización que hoy se presentan como un obstáculo para las candidaturas, que han tenido que ajustar sobre la marcha sus estrategias de campaña. Esto ha dejado de lado el principio de certeza, fundamental para cualquier proceso democrático: las reglas del juego deben conocerse con anticipación y claridad.
La autoridad electoral nacional fijó lineamientos que, en estos primeros 30 días, han limitado la presencia de las candidaturas en los medios y, en muchos casos, han cerrado la puerta a eventos organizados por la sociedad civil, el sector público y el privado.
Uno de los requisitos más complejos de cumplir es el relacionado con la asistencia de candidaturas a los foros o debates. Quien quiera realizar una de estas actividades debe invitar a la totalidad de las personas participantes; sin embargo, solo podrá llevarla a cabo si participa el 50 % de los contendientes. En caso contrario, se podría considerar que no se garantizó la equidad en la contienda.
Esta exigencia, más que fomentar la pluralidad, ha resultado ser una traba difícil de sortear y, lo peor, no tiene una justificación razonable. Si bien se permitió la realización de eventos individuales, la reciente orden de la Comisión de Quejas y Denuncias —que instruyó a una universidad a abstenerse de organizar actividades de este tipo— terminó por sembrar más confusión y restricciones.
Este primer mes ha servido, sin embargo, para tomarle la medida a las y los aspirantes: desde quienes presentan propuestas alejadas de lo que implica la labor de un juez o jueza constitucional, hasta quienes plantean la revisión de los criterios formalistas de la judicatura o sugieren adoptar un papel más moderado en la función de impartir justicia. Hay perfiles académicos, de carrera judicial y también de la sociedad civil, lo que ofrece un mosaico interesante de opciones.
No está de más recordar que el portal “Conóceles” del INE y la herramienta “Practica tu voto” (https://practicatuvotopj.ine.mx/) son recursos indispensables para tomar decisiones informadas. Además, se ha habilitado un portal para denunciar a las candidaturas que incumplan los requisitos de elegibilidad (https://ine.mx/estructura-ine/utignd/informacion-ciudadana-8-de-8/), donde la ciudadanía puede aportar pruebas y fortalecer la integridad del proceso.
Así cierra este primer capítulo de las campañas judiciales. Aunque el escenario se presenta desalentador por momentos, no podemos dejar de involucrarnos en la construcción de un sistema de justicia más sólido y confiable. Las herramientas están ahí; ahora toca usarlas. Porque, al final del día, la justicia que queremos no se construirá sola.
