La reforma judicial está a unos días de materializar su primera etapa. El 1º de septiembre rendirán protesta las nuevas personas juzgadoras ante el Senado de la República, pero solamente quienes integren la Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral podrán empezar a trabajar, siempre y cuando no dependan de trámites administrativos.
Lo anterior, porque esas tareas quedaron asignadas al Órgano de Administración Judicial (OAJ), institución que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la parte operativa del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La extinción del CJF y la creación del OAJ implican un reto. No solo desaparece una entidad, hablamos del fin de un órgano del Estado titular de cuentas bancarias, propietario de inmuebles y parte en contratos de arrendamiento de locales en los que se encuentran juzgados y tribunales.
Y esto no sólo se trata del CJF. En el mismo escenario se encuentran la Comisión de Administración del Tribunal Electoral y la Oficialía Mayor de la Suprema Corte. Todas sus funciones son absorbidas por el OAJ.
Así, el OAJ tendrá a su cargo, entre sus múltiples funciones, el pago de salarios y la contratación de personal de todo el PJF, la adquisición de los insumos necesarios para prestar el servicio de administración de justicia a la ciudadanía, la capacitación del personal del servicio público judicial. Asimismo, dicho órgano deberá acomodar (adscribir) a las nuevas magistraturas y personas juzgadoras de distrito en sus tribunales y juzgados a más tardar el 15 de septiembre.
Compuesto por cinco personas, quienes deberán ser designadas por la nueva Suprema Corte (tres integrantes), la presidenta Sheinbaum (un integrante) y el Senado (un integrante), el OAJ debe lograr una tarea titánica: concretar una transición no planeada.
Su labor no es menor; sin embargo, no tenemos señales de su integración. Esto genera serias preocupaciones entre la base trabajadora del PJF y el gremio jurídico. Sin OAJ, la judicatura federal podría enfrentar una parálisis que afectaría a las personas usuarias del sistema de justicia mexicano.
Si bien el ministro presidente electo, Hugo Aguilar, ha comentado en recientes entrevistas que será una prioridad para la Corte la designación de las tres personas integrantes del OAJ, dicha tarea no puede hacerse a las prisas ni de espaldas a la ciudadanía.
Si el mandato de las urnas de junio de 2024 fue reformar la judicatura para hacerla más cercana a los mexicanos y mexicanas, los procedimientos para la conformación del OAJ deben realizarse de cara a la ciudadanía, con total transparencia y una justificación clara de cada candidatura. Solo así se garantizará lo que la sociedad exige: una judicatura abierta al escrutinio desde su origen. Esa es la base para reconstruir la confianza en el sistema y seguir avanzando hacia la justicia que queremos.
