México vive un momento definitorio. Durante más de doce años, el país cargó con una deuda constitucional: crear una Ley General de Aguas que garantizara el derecho humano, ordenara las concesiones y pusiera fin al uso discrecional del recurso más valioso que tenemos. Esa ley no avanzó por una sola razón: los mismos intereses de siempre bloquearon el cambio para proteger sus ganancias personales.
Hoy, esa inercia terminó.
El país decidió defender lo que es de todos: el agua.
El fundamento legal que obliga a México a garantizar el agua
La rectoría del agua en México no es opcional: es un mandato constitucional.
Artículo 4° de la Constitución: reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. El Estado debe garantizar disponibilidad, calidad, accesibilidad y sustentabilidad.
Artículo 27°: afirma que las aguas nacionales pertenecen originalmente a la Nación, y que el Estado es quien otorga concesiones, regula usos y protege las cuencas.
Artículo 115°: faculta a los municipios para prestar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
Este marco jurídico exige una legislación que ponga orden, priorice el acceso humano, regule el uso productivo y proteja el ciclo natural del agua.
Ese es el corazón de la nueva visión hídrica del país.
Los dilemas reales que muestran por qué la ley ya no puede esperar
La justicia hídrica se define en la vida diaria, en las regiones que más dependen del agua para vivir.
Ejemplo : El agricultor en una comunidad rural
Un productor siembra, alimenta a su familia y sostiene la economía local.
Su vecino necesita agua para su hogar, para beber, cocinar y vivir.
Ambos tienen derechos legítimos, pero si hay una sola fuente, ¿quién decide?
Durante décadas, esa decisión dependió del poder, la influencia o el dinero.
Hoy, debe depender de la ley, de estudios de disponibilidad y de principios de equidad.
Ejemplo:El rancho lechero en una región ganadera del estado
Una familia heredó una concesión de agua hace años.
Otro productor, del mismo acuífero, espera turno desde hace tiempo.
¿Se cancela, se redistribuye, se limita?
¿Quién tiene prioridad?
¿El heredero? ¿El nuevo productor? ¿La disponibilidad real del acuífero?
Esa respuesta ya no puede basarse en política ni favoritismos: debe basarse en ciencia, capacidad de recarga y justicia hídrica.
La verdad del país: cuánta agua tenemos y por qué debemos defenderla
México no es un país rico en agua. Esa idea quedó atrás hace años.
📌Datos clave:
Solo el 31% del territorio nacional tiene disponibilidad alta de agua; el resto sufre estrés o sobreexplotación.
México recibe mucha lluvia, pero el 72% se evapora o escurre sin aprovecharse.
De los 653 acuíferos del país, más de 100 están sobreexplotados.
Más del 70% del agua se destina al sector agrícola, pero con eficiencia promedio del 40%.
El 76% del agua tratada podría reutilizarse, pero no se recupera.
La disponibilidad natural media per cápita pasó de 18 mil m³ por habitante al año en 1950 a menos de 3 mil m³ en 2025, colocándonos en la categoría de país con estrés hídrico.
Estos datos no son alarmistas: son la realidad.
Y explican por qué el agua debe ser defendida como seguridad nacional, como vida y como futuro.
Cuencas: la verdad que no se puede falsear
Aquí, la experiencia de especialistas como el Ing. Carlos Díaz Paz, uno de los ingenieros hidráulicos más rigurosos del sureste, se vuelve indispensable. Él ha explicado durante años que:
“Sin conocer el comportamiento de las cuencas —aguas arriba y aguas abajo— no hay política hídrica que sirva.”
Las cuencas dicen la verdad que la política no puede maquillar.
Dicen cuánto hay, cuánto se pierde, cuánto se puede usar y cuánto ya no se recuperará.
Por eso la nueva política hídrica se basa en ciencia, disponibilidad y análisis territorial… no en presiones.
Los que se levantaron en contra: el muro de los intereses
También hay que decirlo:
Mientras México/ trabaja para garantizar agua para todos, se levantaron los de siempre.
Quienes acumularon concesiones por encima de la capacidad natural.
Quienes vendieron, transfirieron y negociaron títulos como si el agua fuera propiedad privada.
Quienes hicieron del desorden su negocio.
Quienes frenaron la ley durante doce años para no perder privilegios.
Son los mismos que hoy intentan confundir, alarmar y politizar.
Pero ya no tienen el control.
El país decidió defender su agua, no sus intereses.
Lo que viene: justicia, técnica y futuro
México entra en una nueva etapa donde:
El agua se gobierna con reglas claras.
Las concesiones se ordenan con transparencia.
Se frena el acaparamiento y el robo del agua.
Las comunidades recuperan participación y voz.
La tecnificación del riego reduce pérdidas y aumenta productividad.
El Estado retoma su papel como garante de la seguridad hídrica.
El país ya entendió algo elemental:
el agua no es infinita, y lo que no se proteja hoy se perderá para siempre.
POR: Grace Bravata
