El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este jueves que designará como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) a cuatro entes con raíces en Alemania, Italia y Grecia que, según Washington, están ligadas al movimiento Antifa, al que el Gobierno de Donald Trump ha puesto en la diana.
En un comunicado, el departamento explica que Antifa Ost, Federación Anarquista Informal (también denominado Frente Revolucionario Internacional), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria quedan enmarcados a partir de hoy en la categoría de organizaciones terroristas globales especialmente designadas (SDGT, por sus siglas en inglés)
A partir del 20 de noviembre serán clasificadas además como FTO, lo que implica no solo la congelación de sus activos y la prohibición de que cualquier estadounidense realice transacciones con estas, sino que convierte además en delito federal el proporcionar apoyo a sabiendas a cualquiera de los grupos designados e impone restricciones migratorias a todos sus miembros.
Según Washington, Antifa Ost (también conocida como Antifa East y Hammerbande) «es un grupo militante con base en Alemania» que ha llevado a cabo «numerosos ataques contra personas que considera ‘fascistas’ o parte de la ‘extrema derecha’ en ese país y subraya que el Gobierno húngaro de Viktor Orbán, considerado un aliado de Trump, lo acaba de declarar organización terrorista por supuestos «ataques en Budapest» en 2023.
La Federación Anarquista Internacional es, reza el comunicado «un grupo anarquista militante que opera principalmente en Italia, con filiales históricas autoproclamadas en Europa, Sudamérica y Asia», mientras que Justicia Proletaria Armada es un «grupo anarquista y ‘anticapitalista’ griego que ha intentado y llevado a cabo ataques con artefactos explosivos improvisados contra objetivos del gobierno griego».
A su vez, califica a Autodefensa de Clase Revolucionaria como «un grupo griego anarquista y anticapitalista» que ha reconocido colocar artefactos explosivos en entidades públicas griegas y que «vincula sus acciones con problemáticas políticas y sociales más amplias y declara su oposición a las estructuras capitalistas, la represión estatal y su solidaridad con Palestina».
La acometida de Trump contra Antifa arrancó tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en septiembre, del que la Casa Blanca responsabilizó a la «extrema izquierda», y los críticos argumentan que este intento de represión puede acabar criminalizando la oposición política y carece de fundamento legal y de lógica, pues los expertos consideran que se trata de un movimiento sin coordinación real ni jerarquía.
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