La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma integral a la Ley General de Salud, cuyo punto más polémico es la prohibición absoluta de la producción, comercialización, importación y publicidad de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
El dictamen, impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados, fue avalado con 324 votos a favor y 129 en contra. Durante el debate, se aclaró que se presentará una reserva para especificar que las sanciones penales, de 1 a 8 años de prisión, se aplicarán únicamente a quienes vendan estos dispositivos con fines de lucro, no a los consumidores individuales.
El objetivo: Proteger a niños y jóvenes cerrando vacíos legales
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella (Morena), fundamentó la propuesta argumentando que su propósito central es “proteger a la niñez y juventud frente a productos nocivos”.
Señaló que los vapeadores “han explotado vacíos regulatorios y se han dirigido a niños, niñas y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa que sugiere inocuidad”, cuando en realidad pueden generar daños similares o mayores a los productos tradicionales de tabaco.
Ante las críticas, Zenteno enfatizó: “Presentaremos una reserva para que quede claro que no se sanciona al consumidor individual de vapeadores, sino a quienes los adquieren con fines de comercialización y lucro”. Recalcó que la sanción será proporcional y solo para quienes lucren con estos productos.
Los legisladores de oposición (PRI, PAN, MC) votaron en contra y alertaron sobre consecuencias no deseadas. Irais Reyes de la Torre (MC) calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda que este país ha visto en décadas” y advirtió que criminalizar toda la cadena beneficiará al crimen organizado.
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