El Tribunal Supremo de Brasil ha decretado este lunes arresto domiciliario para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) por incumplir las medidas cautelares decretadas ante el riesgo de una fuga y en el marco del juicio que se le adelanta por golpismo.
«Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordeno el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro», ha anunciado el juez del Supremo Alexandre de Moraes, encargado del caso.
De Moraes también ha prohibido a Bolsonaro recibir visitas, con excepciones para abogados y personas autorizadas por el tribunal, y el uso de un teléfono móvil, ya sea directamente o a través de terceros.
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la presunta trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
La Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.
Trump presiona a Brasil con sanciones
Mientras tanto, la Administración de Trump, en su cruzada para defender a Bolsonaro de lo que ha denominado como una «caza de brujas», impuso sanciones arancelarias y revocó el visado a ocho de los jueces del Supremo. Entre ellos al juez instructor Alexandre de Moraes, al que ha acusado de ser «responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra Bolsonaro».
En una segunda embestida, el Departamento del Tesoro encuadró a De Moraes en la ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, y que le permite congelar los bienes y propiedades que tengan en EE.UU., entre otras restricciones.
Pese a ello, De Moraes aseguró el viernes pasado que juzgarán a todos los responsables del intento de golpe de Estado, «ejerciendo nuestra función judicial y sin acobardarnos ante amenazas, vengan de aquí o de cualquier otro lugar».
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