El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta un nuevo desafío político luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal declarara procedentes los inicios de juicio político en su contra.
Con seis votos a favor de legisladores del PAN, PRI y PRD, la declaratoria de procedencia avanza, mientras que los representantes de Morena y PVEM se abstuvieron y Movimiento Ciudadano se opuso.
Ahora, el mandatario está obligado a presentar un informe de defensa antes del 20 de febrero a las 16:00 horas.
La decisión responde a una orden de la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que instruyó al Congreso a abordar el caso y aplicar las sanciones correspondientes al Ejecutivo estatal por violaciones electorales.
La denuncia fue impulsada por José Luis Garza Ochoa, presidente estatal del PRI, y Policarpo Flores Peña, líder del PAN en la entidad. Ambos acusan a García de incurrir en conductas que atentan contra los intereses públicos fundamentales, basándose en diversas resoluciones del Tribunal Electoral.
Samuel García es señalado por el presunto uso indebido de recursos públicos y la violación de principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante el proceso electoral de 2024. Según la denuncia, estas acciones habrían afectado el derecho al sufragio de los ciudadanos de Nuevo León, lo que motivó la intervención del Congreso.
Como parte del proceso, la Oficialía Mayor, a través de la Dirección Jurídica del Congreso, emplazará al gobernador para que rinda su informe y tenga acceso a las pruebas en su contra. Al mismo tiempo, se ha notificado a las instancias judiciales sobre el avance del procedimiento.
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