En un movimiento que busca marcar un antes y un después en la vida democrática del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano transitorio que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030 o hasta que el Ejecutivo disponga su disolución.
La Comisión tendrá como misión convocar al pueblo a participar activamente en la discusión sobre el modelo electoral que México necesita, abrir el debate público y elaborar propuestas de reforma que atiendan la realidad política actual. El decreto reconoce que, a pesar de las profundas transformaciones sociales y políticas recientes, las normas sobre consultas populares, representación ciudadana, partidos políticos y autoridades electorales se han mantenido sin cambios, situación que ya no se considera congruente con el momento histórico.
Estará integrada por la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica, la Oficina de la Presidencia y sus áreas de asesoría y coordinación política, encabezada por una Presidencia Ejecutiva designada por la propia mandataria. También podrá sumar a instituciones públicas y privadas, organismos autónomos, academia, sociedad civil y especialistas con voz pero sin voto.
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El plan de trabajo contempla consultas incluyentes con ciudadanía en general, organizaciones sociales, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, centros académicos, migrantes en el extranjero y autoridades electorales. Se habilitará un portal oficial para recibir opiniones y propuestas, y se organizarán audiencias, debates y eventos en varias ciudades del país.
Los temas clave abarcarán: libertades políticas, sistema y financiamiento de partidos, fiscalización de recursos de campañas, regulación de la competencia electoral, voto en México y en el extranjero, consultas populares, revocaciones de mandato y requisitos para funcionarios electos. Las encuestas nacionales de opinión se presentarán en octubre de 2025 y las conclusiones, en enero de 2026.
Con este decreto, el Ejecutivo advierte que se trata de “forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia, reconociendo como única y legítima fuente del poder la libre decisión ciudadana”.
Sin embargo, se anticipa que minorías políticas y sectores que ven en este proyecto un riesgo para sus intereses podrían alzar la voz para frenar o matizar su alcance, abriendo un nuevo capítulo en la disputa por el rumbo electoral del país.
Por: Graciela Bravata (WCLS)
