“La inseguridad que enfrentamos es alarmante. En Coparmex tenemos claro que ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad y certeza jurídica”, dijo en conferencia Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex.
También señaló que “la confianza para invertir, emprender y crecer solo es posible en entornos donde la legalidad se respeta y la impunidad se combate con decisión”.
El estudio presentado se basa en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2025, centrándose en los delitos que más afectan al sector productivo.
Al presentar el indicador de asesinatos, Jorge Peñúñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, alertó sobre la “fuerte concentración de violencia en algunas regiones”.
Los estados de Colima, Sinaloa y Morelos encabezan la lista con tasas de entre 55 y 80 víctimas por cada 100 mil habitantes y destacó que 10 de los 20 municipios más violentos se encuentran en solo cuatro estados: Guanajuato, Michoacán, Morelos y Guerrero.
Respecto al delito de robo a negocios, Peñuñuri Pantoja expuso que se abrieron 34 mil 12 investigaciones, una reducción del 9.7 % frente al mismo lapso de 2024.
No obstante, -subrayó- “el 41.7 % de estos robos se cometieron con violencia, lo cual continúa afectando directamente la integridad de trabajadores y propietarios”.
En términos geográficos, dijo, alarman en especial municipios del Estado de México, como Coacalco, que encabeza la lista con 511.1 carpetas por cada 10 mil empresas.
En cuanto a la extorsión, enfatizó su gravedad creciente y expuso que, con 5 mil 887 víctimas en el primer semestre, un aumento del 6.9 %, el país alcanzó su nivel más alto desde que existen registros, superando incluso el pico de 2022.
Peñúñuri advirtió que este delito limita la operación formal, impone costos ilegítimos y destruye confianza, por lo que se requiere una respuesta firme, integral y sin tolerancia.
Señaló la urgencia de la Confederación de contar con una Ley General de Extorsión que unifique criterios en todo el país, evite la impunidad y permita combatir eficazmente este delito que afecta severamente a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas.
El pasado 10 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una reforma constitucional al Congreso para combatir la extorsión, con el objetivo de homologar las penas y sanciones en todo la nación, mientras ha echado a andar la Estrategia Nacional contra la Extorsión en el país, donde ocho estados mexicanos acumulan el 66 % de las extorsiones a nivel país (Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán).
