El alcalde de Teuchitlán, el emecista José Ascensión Murguía Santiago, fue vinculado a proceso la noche de este 9 de mayo por el delito de delincuencia agravada por tratarse de un servidor público; además se le impuso prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso y se otorgó a la Fiscalía General de la República un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria.
Durante la audiencia que inició pasadas las 13:00 horas del viernes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande y concluyó casi a la media noche, la defensa se concentró en tratar de desestimar los testimonios de cuatro de los ocho testigos de identidad protegida que presentó la FGR a puerta cerrada el pasado domingo 4 de mayo, cuando el edil fue imputado.
Los abogados defensores explicaron que a pesar de que la Fiscalía refirió casi 100 pruebas en la audiencia de imputación, sólo se ocuparían de contradecir los testimonios de cuatro testigos, ya que el resto se centra en explicar cómo opera y está estructurada la maquinaria de reclutamiento forzado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Región Valles del estado y no se relacionan con las acusaciones hacia su cliente.
También plantearon un debate de técnica jurídica para intentar demostrar que la imputación formulada por los fiscales sobre la presunta colaboración de Murguía Santiago con el Cártel de Jalisco Nueva Generación en su calidad de edil no se sustentaba porque no estaba en funciones durante la temporalidad en que lo ubicaron los testigos referidos por la FGR.
En ese punto mostraron el acta de cabildo del 30 de enero de 2024, donde se le otorgó licencia al presidente municipal a partir del 1 de marzo de 2024 para separarse del cargo y buscar la reelección en los comicios de ese año, por lo que no era servidor público en los momentos que lo señalan algunos testigos.
En su argumentación la defensa se quejó de que en marzo pasado la FGR citó a declarar en dos ocasiones a Murguía Santiago en calidad de testigo por los hechos ocurridos en el Rancho Izaguire y ambas veces el agente ministerial hizo preguntas inducidas que llevaron al aún alcalde a autoincriminarse, lo que fue usado para solicitar la orden de aprehensión en su contra; los defensores afirmaron que con esto se violaron los derechos humanos del edil.
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FFO
