Oficialmente, el Senado de la República recibió la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca unificar los criterios de investigación en todo el país, fortalecer la persecución de este crimen y reducir los niveles de impunidad que aún persisten en los casos de violencia feminicida.
La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea por primera vez un marco jurídico de alcance nacional específico para atender el feminicidio, que representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación hacia ellas.
Y es que, entre sus principales disposiciones contempla penas de hasta 70 años de prisión para quienes sean responsables de este delito, además de la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, con el fin de identificar y garantizar medidas de protección y reparación para las víctimas indirectas.
Lo anterior de acuerdo con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien además hizo público el documento enviado por la Presidencia de la República, en las plataformas de sus redes sociales. “Esta iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadoras y Senadores”, escribió.
Con ello, la legisladora recordó que la iniciativa incorpora 19 circunstancias agravantes que permitirían incrementar las sanciones cuando concurran determinadas condiciones, entre ellas que la víctima sea una niña, adolescente o adulta mayor, lo que permitiría endurecer el marco penal vigente en materia de violencia de género.
Asimismo, el proyecto busca homologar los protocolos de investigación y las sanciones en las 32 entidades federativas, con el argumento de evitar diferencias en la tipificación del delito y en la actuación de las fiscalías estatales, uno de los factores que organizaciones civiles y también especialistas han señalado como obstáculos para el acceso a la justicia.
Con ello, se podría garantizar que todas las fiscalías del país investiguen las muertes violentas de mujeres bajo criterios homologados y con perspectiva de género, para reducir al máximo que estos casos sean clasificados como suicidios, homicidios simples u otros delitos que lleguen a impedir identificar un feminicidio y, con ello, logren favorecer la impunidad.
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