Durante años, México ha fortalecido su marco jurídico para proteger los derechos de las mujeres. La tipificación del feminicidio en las entidades federativas, la creación de las Alertas de Violencia de Género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el desarrollo de protocolos especializados representaron avances importantes. Sin embargo, la forma de investigar y sancionar este delito continúa siendo distinta entre estados, lo que ha generado desigualdades en el acceso a la justicia.
Con ese antecedente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles, durante la Conferencia del Pueblo, la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, misma que fue enviada al Congreso de la Unión para su discusión.
La propuesta busca que el feminicidio deje de investigarse con criterios distintos según la entidad federativa y que todas las fiscalías del país actúen bajo un mismo protocolo, con estándares homogéneos para integrar las carpetas de investigación, proteger a las víctimas y garantizar justicia a sus familias.
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La iniciativa establece penas de 50 a 70 años de prisión, incorpora 19 agravantes para endurecer las sanciones y dispone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como posible feminicidio, hasta que las diligencias determinen lo contrario.
Además, fortalece la reparación integral del daño para las víctimas indirectas y plantea una mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir este delito y reducir la impunidad.
La propuesta surge en un contexto en el que la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los mayores desafíos del país. En México, alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día, aunque no todos los casos son clasificados o investigados como feminicidio, una diferencia que durante años ha dificultado conocer la verdadera dimensión de esta violencia.
De ser aprobada por el Congreso, esta ley representará un nuevo paso en la construcción de una política nacional con reglas comunes para prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida, con el objetivo de que ninguna mujer quede sin justicia por el lugar donde ocurrieron los hechos.
Graciela Bravata
