En un hecho que marca un nuevo paso en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este lunes la convocatoria para la Consulta Nacional de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso mediante el cual serán las propias comunidades quienes participen en la construcción de la iniciativa antes de su envío al Congreso de la Unión.
La consulta convocará a 16 mil 728 comunidades, pertenecientes a 69 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, que representan a 25.8 millones de personas, equivalentes al 20.5 por ciento de la población nacional. Además, contempla la participación de comunidades hablantes de las 68 lenguas indígenas reconocidas en México. El proyecto legislativo fue elaborado durante aproximadamente un año y medio y ahora será enriquecido con las propuestas de sus principales destinatarios.
De acuerdo con lo presentado durante la Conferencia del Pueblo, la iniciativa surge como consecuencia de la reforma al artículo 2° constitucional publicada en septiembre de 2024, la cual reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dejando atrás una visión meramente asistencialista.
El proceso de consulta se desarrollará en cuatro etapas. Del 1 de julio al 6 de agosto se realizará la fase informativa; del 7 de agosto al 13 de septiembre, las comunidades deliberarán y emitirán sus propuestas; posteriormente, del 21 de septiembre al 11 de octubre, se analizarán e incorporarán las observaciones recibidas; finalmente, el 12 de octubre el Gobierno Federal prevé presentar la iniciativa definitiva ante el Congreso.
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La propuesta de ley está integrada por ocho libros y busca garantizar derechos relacionados con la libre determinación y autonomía, el territorio, la participación política, el acceso a la justicia, la preservación de las lenguas y culturas originarias, así como capítulos específicos para fortalecer los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y migrantes.
Ell Gobierno federal plantea que esta legislación nazca mediante un proceso de consulta directa con las comunidades, en cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales sobre consulta previa, libre e informada. El objetivo es que la nueva ley refleje las necesidades, propuestas y formas de organización de los propios pueblos, consolidando un nuevo modelo de relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas y afromexicanas.
Con esta consulta nacional, México busca construir una legislación que no solo reconozca derechos en el papel, sino que incorpore la voz de quienes durante siglos han preservado gran parte de la riqueza cultural, lingüística e histórica del país.
Graciela Bravata
