La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta una solicitud de juicio político presentada ante la Cámara de Diputados por legisladores de Morena, quienes buscan que se investigue su presunta responsabilidad en torno a la participación de agentes estadounidenses durante un operativo de seguridad realizado en la entidad.
La petición fue promovida por 11 diputados morenistas de Chihuahua y entregada ante la Secretaría General de San Lázaro. Los legisladores sostienen que existen elementos que deben revisarse por una posible afectación a la soberanía nacional y al marco constitucional relacionado con temas de seguridad y política exterior.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción del documento y explicó que el procedimiento aún debe cumplir etapas antes de avanzar.
\\\\\\\»En términos procedimentales se necesita ratificar; se presentó hoy, tendría que ser el 29 para su ratificación y, una vez que se ratifique, irá a la Subcomisión de Examen Previo\\\\\\\», señaló.
De acuerdo con la denuncia, el proceso busca determinar dos posibles escenarios. El primero corresponde a una presunta responsabilidad por acción, es decir, que se compruebe si la mandataria estatal solicitó, autorizó, consintió o encubrió algún mecanismo de colaboración directa con agentes extranjeros fuera del marco legal establecido.
El segundo escenario se plantea por omisión, y busca determinar si existió una falta de control institucional o supervisión suficiente dentro del aparato estatal que permitiera operaciones sin los reportes o mecanismos correspondientes.
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¿Qué originó la solicitud de juicio político?
La controversia comenzó tras un operativo realizado en Chihuahua para desmantelar un presunto narcolaboratorio, donde surgieron señalamientos sobre la posible participación de agentes estadounidenses de la CIA. A partir de ese hecho, legisladores de Morena acusaron a la gobernadora Maru Campos de una presunta violación a la legislación en materia de seguridad nacional al considerar que pudo haber existido autorización, consentimiento o tolerancia hacia la presencia de personal extranjero en tareas operativas dentro del país.
Los promoventes sostienen que la investigación busca determinar si la mandataria estatal tuvo algún grado de participación directa en la operación o si existieron omisiones en los mecanismos de supervisión y control institucional. Maru Campos, por su parte, ha rechazado previamente haber autorizado o gestionado la presencia de agentes de Estados Unidos en territorio estatal.
Jenny Colorado
