La reciente Convención Bancaria organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM) volvió a demostrar por qué este encuentro es, año con año, uno de los espacios más relevantes para el diálogo y la construcción de acuerdos en el sistema financiero nacional. Además de ser una reunión de actores clave, es un termómetro de hacia dónde se están moviendo las prioridades regulatorias, tecnológicas y de política pública en México. Bajo el liderazgo de Emilio Romano Mussali y con la extraordinaria coordinación de Regina Cuéllar, la ABM logró articular un espacio de colaboración en Cancún que reflejó tanto los avances del sistema financiero como la necesidad de seguir avanzando en la transformación digital.
En este contexto, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de ampliar la aceptación obligatoria de pagos electrónicos en sectores como gasolineras y casetas de carreteras apunta en la dirección correcta. Sin embargo, el anuncio sobre llevar a cero las cuotas de intercambio —aunque acotado por ahora a las gasolineras y planteado como una medida temporal— exige un análisis técnico más riguroso, pues puede leerse como una señal relevante sobre la dirección regulatoria que podría tomarse en el mediano plazo.
Las cuotas de intercambio son un componente esencial en mercados de dos lados, como el de tarjetas. Funcionan como un mecanismo de balance entre emisores y adquirentes, permitiendo internalizar externalidades de red: a mayor número de usuarios y comercios, mayor valor del sistema.
Pero hay un punto que pocas veces se enfatiza lo suficiente: la cuota de intercambio es, en buena medida, lo que ha hecho viable la existencia de cuentas de débito de bajo o nulo costo para millones de usuarios. Es decir, no solo sostiene el funcionamiento del sistema, sino que ha sido un motor silencioso de inclusión financiera. Reducirla de manera drástica —o eliminarla— sin un análisis integral puede erosionar justamente ese modelo, encareciendo servicios básicos o desincentivando la oferta en segmentos de menores ingresos.
En la Unión Europea, se limitaron estas cuotas— lo que redujo ciertos costos de aceptación, pero también generó ajustes compensatorios: mayores comisiones para usuarios, menor disponibilidad de beneficios y cambios en la estructura de incentivos. En Australia, reformas similares derivaron en una redistribución de costos hacia otros componentes del sistema.
El principio es claro: los costos no desaparecen, se trasladan.
En México, donde persisten brechas de inclusión financiera y alta dependencia del efectivo, el riesgo de avanzar en esta dirección de manera generalizada es significativo. Incluso si la medida comienza en gasolineras y de forma temporal, puede sentar un precedente regulatorio que termine yendo en sentido contrario al objetivo de ampliar la inclusión financiera.
Además, las cuotas de intercambio cumplen funciones críticas en la cobertura de riesgos —fraude, crédito y operación— que no desaparecen con su eliminación. Sin mecanismos alternativos, estos costos tenderán a reubicarse, ya sea en otros cargos para los usuarios o en una menor oferta de servicios.
Desde la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) consideramos que la discusión no debe centrarse únicamente en reducir costos, sino en preservar los incentivos que hacen posible ampliar el acceso financiero. Existen áreas claras de mejora en competencia, transparencia e interoperabilidad; la clave estará en mantener un equilibrio que incentive la inversión, promueva la innovación y, sobre todo, fortalezca la inclusión financiera.
La digitalización de pagos es una oportunidad histórica, y esta visión es compartida por todo el sector financiero, especialmente por la ABM.Hoy más que nunca, México necesita un sistema financiero unido, moderno y orientado a resultados. La Convención Bancaria no solo fue un espacio de diálogo, sino un recordatorio de que los grandes avances se logran cuando hay coordinación, visión compartida y voluntad de construir, el camino más sólido para fortalecer al ecosistema financiero en su conjunto es la colaboración entre asociaciones e instituciones
POR: Soraya Pérez
