El día martes, la Auditoría Superior de la Federación (A.S.F.) presentó ante la Comisión que vigila su trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su último paquete de informes sobre revisión del gasto y del desempeño a múltiples instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Cabe destacar que es la última entrega de informes por el actual titular de la A.S.F., el economista David Colmenares Páramo, pues su periodo de 8 años se aproxima a su fin, en medio de una serie de eventos que cuestionan su gestión y también la actual configuración del Sistema Nacional de Fiscalización y el correspondiente Anticorrupción.
Prácticamente, desde hace 3 semanas se puede leer en los espacios de opinión de cualquier medio de circulación nacional, por lo menos una columna por día que reflexiona sobre la utilidad de la institución y las áreas de oportunidad que enfrenta.
En este contexto, la A.S.F. presentó la última entrega de los informes individuales por la práctica de 1,566 auditorías ejecutadas sobre la gestión de los entes oficiales en el año 2024. No se olvide que por disposición legal la A.S.F. debe presentar sus resultados derivados de sus revisiones en 3 bloques, como lo son el último día hábil de los meses de junio y octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
Por consecuente, en esta ocasión se expondrán los principales indicadores y resultados de la fiscalización al ejercicio 2024, pero únicamente del Gasto Federalizado, es decir, de la revisión a las Entidades Federativas y Municipios que reciben y ejercen recursos financieros de origen Federal. ¡Recuérdese que la media nacional apunta que un Estado recibe de la Hacienda Pública Federal 9 de cada 10 pesos de su gasto!
¿Cómo les fue a los Gobiernos locales en las auditorías? Cuentan con una cifra acumulada por devolver o aclarar de más de 16,014 millones de pesos.
Los 5 Estados con mayor cantidad de dinero pendiente de aclarar o de devolver por los pliegos de observación realizados, son Estado de México, con un monto de 6,018 millones de pesos; Nuevo León con 1,996 millones; Morelos con 1,645 millones; Chihuahua con un monto de 1,082 millones; y Guanajuato con 847 millones de pesos.
En contraste, los Estados que disfrutaron de resultados exentos de una observación financiera, es decir, sin acciones de auditoría que se traduzcan en montos económicos determinados con un ejercicio irregular, son Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, así como la Ciudad de México.
A esta envidiable posición, le siguen los Estados con menor monto observado como son Tamaulipas con cerca de 200 mil pesos; Tlaxcala con 1.12 millones de pesos; Puebla con 2.38 millones de pesos; Baja California con 8.29 millones de pesos; y Sonora con 38.73 millones de pesos.
Ahora bien, no se debe confundir la determinación por la A.S.F. de una cantidad de dinero por aclarar o considerada como pliego de observaciones (un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal), con el resto de acciones de auditoría desprendidas de los hallazgos en la fiscalización, como la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; la Denuncia de Hechos en materia penal; la Promoción de Intervención de la Instancia de Control y las sutiles Recomendaciones.
Es decir, el destino de los servidores públicos no está garantizado por el hecho de que sus Estados carezcan de montos observados, pues en la práctica muchas de sus Contralorías locales “solventaron” en la A.S.F. los Pliegos de Observaciones con expedientes por presunta responsabilidad administrativa, lo cual significa la conversión de un serio problema ante la A.S.F., por un serio problema ante sus Secretarias de Contraloría, Función Pública o Anticorrupción, notificable en el transcurso de los meses.
En cuanto a los punteros por tipo de acción, los Gobiernos centrales de las Entidades Federativas con mayor número de “Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, son Morelos con 12; Chiapas y Nayarit con 8 cada uno; y Tabasco y Campeche con 7 cada uno.
Vale precisar para la tranquilidad de los Gobiernos centrales en los Estados, que la A.S.F. no realizó ninguna denuncia de hechos en materia penal.
En otro orden de ideas, la A.S.F. también practicó revisiones a la gestión financiera a otros entes que escapan a los Gobiernos centrales, de gran interés para estas reflexiones como lo son las Fiscalías de Colima, Guanajuato, Michoacán y Veracruz, así como algunos Congresos locales.
En este tenor, el Congreso de Nuevo León, recibió 10 acciones de fiscalización, entre otras cosas, debido a un trabajador -a juicio del auditor-, no cumplió con el requisito del perfil del puesto al omitir la acreditación documental de no haber sido condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria, ni estar sujeto a proceso penal por algún delito doloso, por una cifra de $2,681,954.00; además, por realizar pagos por “festejos navideños” de cerca de 1.2 millones de pesos, cuya comprobación gasto fue recibida indebidamente con posterioridad a la fecha límite.
Por su parte, el Congreso de Coahuila, recibió un Pliego de Observaciones de más de 600 mil pesos, por no cumplir con las medidas de austeridad republicana al superar el valor comercial autorizado por vehículo para el transporte y traslado de los servidores públicos. Adicionalmente, tuvo otro pliego que rebasa los 17 millones de pesos por el pago a 37 trabajadores que no acreditaron la capacidad profesional, no acreditaron la relación laboral, no cumplieron con el perfil o escolaridad del puesto para el que fueron contratados.
Para una revisión más detallado de los resultados de la A.S.F., puede verse el perfil https://www.instagram.com/inteligenciagub/.
Finalmente, el acto protagónico en temas de fiscalización por venir, es la designación del nuevo Auditor Superior, la convocatoria salió el día de ayer, y se espera su designación el 11 de marzo de este año. La persona que sea designada, por el bien de la población mexicana -la cual disfruta y padece de los aciertos y errores en el manejo del gasto público-, deberá contar con altos estándares de integridad para garantizar la independencia y autonomía ante las influencias del poder, pero adicionalmente, requiere de alto rigor técnico en sus talentos gerenciales y de supervisión al ejercicio del gasto. Se precisa de auditorías de calidad.
Por: Eduardo González
