México se encuentra en un punto poco común de su historia económica: el momento de decidir si el desarrollo se persigue con prisas o con estructura. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado un modelo que rompe con ambas inercias conocidas: ni concesiones indiscriminadas ni endeudamiento como motor del crecimiento.
La propuesta es más profunda. Se trata de una arquitectura económica donde el Estado recupera la rectoría de los proyectos estratégicos, sin cerrarse a la participación de actores financieros y productivos, pero estableciendo reglas claras, prioridades nacionales y una visión de largo plazo. No es un giro ideológico; es una definición de método.
El corazón del modelo está en el orden. Disciplina fiscal, fortalecimiento de ingresos, manejo responsable de la deuda y planeación técnica de la inversión. Bajo esta lógica, el crecimiento no se persigue como un estallido inmediato, sino como una consolidación progresiva capaz de sostenerse en el tiempo. Eso, en sí mismo, ya es una diferencia sustantiva frente a esquemas del pasado.
La coordinación entre banca comercial, banca de desarrollo y empresas estratégicas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, junto con instrumentos financieros impulsados desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permite multiplicar la capacidad de inversión sin perder control público ni comprometer la estabilidad financiera. Es una fórmula que busca acelerar infraestructura sin convertir el futuro en una carga fiscal.
El planteamiento adquiere mayor relevancia cuando se observa su impacto social. Al evitar que el crecimiento dependa del endeudamiento, el Estado preserva margen presupuestal para sostener programas sociales más allá de coyunturas políticas o ciclos económicos. El bienestar deja de ser una promesa de corto plazo y comienza a anclarse en una base productiva más sólida, con mayores probabilidades de continuidad en futuros sexenios.
La estrategia se despliega en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. No es una lista decorativa, sino una apuesta por sectores con alto impacto social, regional y productivo, capaces de detonar empleo, conectividad y cohesión territorial. La prioridad al sector energético y a la infraestructura ferroviaria y carretera responde a una lógica clara: sin energía y sin movilidad, no hay desarrollo que se sostenga.
Este enfoque no es ajeno al mundo. Economías como Alemania, Francia, Brasil o Corea del Sur han demostrado que cuando el Estado conserva la rectoría, apoya la inversión estratégica con banca pública o de desarrollo y planea por sectores, el crecimiento tiende a ser más estable y el gasto social más defendible incluso en tiempos de crisis. México parece mirar hacia ese mismo horizonte, adaptándolo a su realidad.
Desde mi óptica, este modelo destaca por algo poco frecuente: no promete milagros, promete estabilidad. Y en el contexto global actual, la estabilidad es un activo político, social y económico de enorme valor. Si se mantiene la disciplina, la planeación y la rectoría del Estado, esta arquitectura económica puede convertirse en una base que trascienda gobiernos y permita que el bienestar social no dependa del vaivén del poder, sino de una economía ordenada y con rumbo.
Crecer sin hipotecar el futuro no es un eslogan; es una decisión. Y hoy, México parece haber elegido construir desde los cimientos.
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