De acuerdo al Sistema Público de Consulta de Auditorías (https://www.asfdatos.gob.mx/) de la Auditoría Superior de la Federación (A.S.F.), desde el año 2000 hasta la última entrega parcial de la fiscalización de 2024, se han observado $1,648,260,661,216.66 (un billón seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta millones, seiscientos sesenta y un mil doscientos dieciséis pesos con 66 centavos), a todos los entes públicos de todos los órdenes de gobiernos y demás personas que han recibido y administrado recursos públicos.
Del 1.6 billones de pesos observados en este milenio, la A.S.F. ha conseguido una “restitución voluntaria” o entero por los entes fiscalizados, de más de 66.56 mil millones de pesos, que representan un 4.04% de la cifra observada.
Según la misma fuente, los entes auditados únicamente han justificado o solventado cerca de 771.65 mil millones de pesos, significantes del 46.81% del monto observado en 24 años. (Esta tendencia revela que cualquier Gobierno, solventa menos del 50% de lo observado).
En contraste, los entes públicos mantienen más de 50.81 mil millones de pesos catalogados por la A.S.F. como pendientes de aclarar o de reintegrar, equivalentes al 3,08% de los montos determinados como observados, y a su vez, existe una integración mayor a 759.23 mil millones de pesos en otras acciones de auditoría adicionales -aún representan un problema-, derivados de los procedimientos de aclaración de las observaciones, los cuales se traducen en un 46.06% del monto observado.
Para fines prácticos, puede concluirse que, en el lapso en análisis, de cada 100 pesos observados de la A.S.F., los gobiernos solo devuelven o solventan casi 51, por lo cual 49 quedan como cuentas pendientes entre los gobiernos fiscalizados y los servidores públicos involucrados en el ejercicio de dichos recursos financieros.
En este mismo sentido, según respuestas a una consulta de acceso a la información formulada en el año 2025 con folio 330030125000198, en los 10 años siguientes a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción (2015), en la intervención de la A.S.F. como autoridad investigadora, se han resuelto 459 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por faltas administrativas graves.
De los 459 expedientes resueltos, 149 fueron en el sentido de que existía una responsabilidad administrativa, esto es, a corte de la primera mitad de 2025, sólo ha sido validada la postura de la A.S.F. en el 32.46% del inventario de asuntos pendientes.
Sin embargo, se aproxima más a la tasa de éxito de estos procesos de responsabilidad, expresar que de los 149 expedientes resueltos en el sentido de existencia de faltas administrativas, únicamente 12 son firmes, al momento de emitir la respuesta de transparencia. Es decir, considerando como tasa de éxito de las investigaciones de las A.S.F., el porcentaje de resoluciones que son firmes -inamovibles-, en el sentido de la existencia de faltas administrativas graves, el dato es nada más de 2.61% respecto de los informes admitidos en el tribunal.
En otras palabras, según la tendencia en la estadística de estas líneas, después de la reforma constitucional de mayo de 2015, 97 de cada 100 investigaciones de la A.S.F., no pueden ser consideradas como una investigación exitosa, pues carecen de una resolución firme del tribunal competente que califique de correcta la postura de esta autoridad.
Desde luego, puede objetarse la conclusión anterior a partir del hecho que un porcentaje muy elevado de expedientes están en proceso de resolución, y otros son materia de una impugnación actual, pero en un periodo de 10 años, la prescripción se convierte en un factor de importancia capital, sin dejar de mencionar ese bajo resultado indubitable, sugerente de un índice sintetizado en la oración: “la A.S.F. gana 1 de cada 3 de las resoluciones del tribunal” -considerando tanto resoluciones firmes como las no firmes-.
Ante este balance, se prefiere omitir la comparación entre el beneficio económico de la recuperación de activos gracias a su fiscalización, frente al valor del gasto de operación de esta institución, revelado en su presupuesto asignado. ¡Cuántas áreas gubernamentales podrían ser eliminadas si la decisión de su permanencia únicamente dependiera del costo-beneficio en términos económicos!
Encontrar mecanismos de aumento de éxito para este tipo de autoridades, trascendente es.
La A.S.F. es una institución capital para el Estado mexicano. Desde mi punto de vista es una institución de prestigio, que puede presumir un gran acervo de personal competente e íntegro, cuyos esfuerzos la convierten en un ejército de ingenieros, abogados, arquitectos, contadores, economistas, y varios otros profesionistas cuyas conclusiones en su quehacer son valoraciones periciales de la gestión financiera de los gobiernos, en beneficio del patrimonio nacional.
La A.S.F. en conjunto con las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser valorada por la comunidad, y por supuesto, deben implementarse ajustes para su mejora como cualquier obra humana, pero debe evitarse incurrir en la tentación de exacerbar algunos errores y abusos de unos pocos, con miras a insinuar su debilitación.
Por cuenta separada, el lunes de esta semana, en el foro llamado “Reforma política para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y la Política de Integridad del Estado Mexicano” celebrado en Congreso de la Unión, se comenzaron a presentar formalmente las propuestas de modificación y las críticas al actual SNA.
No puede pasar desapercibido un cuestionamiento destacado por los algunos de los participantes orales del evento. Unos de ellos exigían la práctica de las auditorías por las entidades locales de fiscalización superior en la revisión del fondo de las Participaciones Federales.
Ante esto, más allá de replicar la Constitución la cual actualmente prevé ese supuesto siempre y cuando medie convenio por escrito con la A.S.F., sobre esta propuesta se prefiere hablar no de su fundamento, sino de su conveniencia.
Consecuentemente, surge la pregunta con motivo de algunas instituciones de ciertos Estados: ¿Para qué quieren auditar las entidades locales las participaciones federales, si no se dan abasto en la profundidad de la fiscalización de los mal llamados “recursos propios”, como lo son los recursos fiscales estatales? Los procesos de recaudación están sueltos, no auditan el ingreso; además la deuda, tanto en su captación como en su destino, está sin revisión, pese a que las auditorías locales pueden intervenir.
Irónicamente, en los planes de fiscalización no se le dedica una línea a las operaciones de las oficinas recaudadoras, ni a los créditos de corto plazo que en ocasiones, se piden al por mayor y sin registro.
¿Cómo justificar un mayor protagonismo de las auditorías locales en la revisión del gasto público, si con un universo reducido al revisar los ingresos locales-menores al 10% del presupuesto de egresos de un año en cualquier Estado- muchas entidades fiscalizadoras ni siquiera han estrenado sus facultades de presentación de un informe de presunta responsabilidad administrativa a su tribunal local?
No se olvide que, en nuestra anterior columna del 21 de julio de 2025, quedó patentado que 17 Entidades de fiscalización reportaron no haber obtenido una sola resolución firme de falta grave a 10 años de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción (https://ahoratabasco.com/la-productividad-del-sistema-nacional-anticorrupcion-a-10-anos-de-su-ultima-configuracion-2/).
¡Claro, ante este escenario existen auditorías locales con elementos humanos mucho más competentes que este crítico suscribiente, dignos ejemplos de una revisión profunda y de calidad! Pero como se escribió en el Quijote: “Una hirundum ver non facit” -una golondrina no hace verano-.
Con cifras tan dramáticas, la única conclusión sobre las motivaciones de algunos de los impulsores de la propuesta, recalca el riesgo -espero infundado- de exonerar a gobiernos locales por el manejo de un gasto federalizado gigantesco, desde una auditoría lamentablemente controlada por el titular del ejecutivo local, y también, con la amenaza en muchos casos, de presionar mediante el fuerte toque de una acción de fiscalización, a presidentes municipales incómodos al plan político de los protagonistas del gobierno estatal.
Por: Eduardo González
