En agosto del año pasado compartí con ustedes una reflexión sobre la reforma electoral. En aquella ocasión comentaba que las personas integrantes de la Comisión Presidencial tenían la responsabilidad de construir una reforma que satisfaga a la clase política, a los inversionistas, a grupos en situación de vulnerabilidad, a las organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores de la población (Del apunte. La reforma que viene. 06-08-2025).
Hasta ahora no sabemos si la Comisión podrá lograr lo anterior porque la discusión gira en torno a si veremos una regresión democrática o no. Estamos ante un debate encapsulado en las formas. Una discusión bizantina sobre quién tiene la culpa de la sobrerrepresentación de la coalición gobernante en la Cámara de Diputaciones o cuánto se gastó en libros que, desde diferentes puntos de vista, abordan la sentencia de la Sala Superior que validó la asignación del Instituto Nacional Electoral (INE).
El debate de la reforma electoral no puede ser únicamente sobre eso. Si bien la distribución de las curules de representación proporcional en el Congreso de la Unión debe incluirse, requiere de problematizar a las ideas y no a las personas.
No hay que perder de vista que la discusión nos permite ver dos formas de entender los alcances del artículo 54 constitucional. De ahí que no podamos asumir como errónea aquella interpretación que no comulgue con nuestra visión. Ello es esencial porque es parte de los fundamentos de una democracia. El disenso sin la descalificación obstinada.
Se necesitan propuestas. Un ejercicio importante fueron los foros que celebró la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. También está la iniciativa ciudadana que presentó la sociedad civil organizada. Además, el propio INE entregó una serie de planteamientos que deben revisarse al ser la autoridad que deberá ejecutar lo que apruebe el Congreso.
Sobre esto último, destaco las siguientes ideas: el fortalecimiento de las autoridades electorales administrativas y el cambio de fecha de la elección judicial.
En el primero, se abordan temas como la suficiencia presupuestaria para organizar elecciones y ejercicios de participación ciudadana. Que haya un piso mínimo para la asignación de recursos al INE y la creación de mecanismos de transparencia para fortalecer la rendición de cuentas y acabar con la narrativa de despilfarro de los órganos electorales.
Asimismo, contempla la distribución clara de competencias entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, la garantía de presupuesto para estos últimos, un mejor sistema de sanciones para las consejerías electorales de las entidades federativas y robustecer la política de comunicación social.
En lo que respecta a la elección judicial, el documento de trabajo que presentó el Consejo General del INE indica que, al ser ejercicios incompatibles, lo adecuado sería que no fueran concurrentes las elecciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo con la del Poder Judicial. De ahí que el INE sugirió celebrar la elección el último domingo de octubre de 2027. Facilitar el diseño de la boleta y establecer una geografía electoral viable a partir del trabajo conjunto con el Órgano de Administración Judicial.
Las instituciones electorales pasarán por un proceso de cambio. En esa reingeniería debemos participar en cada espacio que podamos. Hacer llegar las propuestas que consideramos necesarias para fortalecer la democracia mexicana. Así es como se construyen las instituciones y ejercemos nuestro derecho de involucrarnos en la vida pública del país. Hay que dejar atrás los debates superfluos y la idea de que nuestra participación se agota en las elecciones.
Por: Santiago Chablé
