La semana pasada trascendió la noticia sobre la más reciente integración del “Consejo para Detonar la Inversión en México”, integrado por 18 perfiles de alto nivel en el sector empresarial, quienes protagonizarán la función de brindar asistencia a la Presidencia de la República y facilitar la comunicación entre el gobierno y la iniciativa privada para el aprovechamiento de la relocalización de capitales en el mundo.
Esta instancia asesora goza de valiosas expectativas y al ver la lista de sus integrantes puede deducirse una formación y experiencia que abona a la credibilidad del cumplimiento de la meta principal de este consejo: detonar la inversión.
De este modo, si el gobierno actual presta atención a la función principal de un cuerpo asesor consistente en proporcionar una respuesta objetiva y pericial frente a las interrogantes del tomador de decisiones, puede pronosticarse éxito en la encomienda. Como en cualquier otra relación, el tiempo ilustrará el grado de sinergia entre los participantes.
No obstante, mientras las voces autorizadas ya referidas trabajan con su red de relaciones envidiables en materia de comercio e inversión, resulta natural preguntarse los factores internos susceptibles de control por el gobierno de cualquier nación, que propician condiciones de atracción de capitales.
Así, con una disculpa anticipada de este columnista, por su ausencia de conocimiento profundo de la macroeconomía, parte de la respuesta a la interrogante la advierto en una palabra seguida de 2 de sus especies: La palabra es “Seguridad”, en sus modalidades de “Seguridad Pública” y “Seguridad Jurídica”.
En este orden de ideas, estimo que uno de los factores manipulables por cualquier administración pública en el mundo, puede y debe ser la seguridad para los inversionistas, tanto de sus intereses, como de la integridad de sus empleados, proveedores y contratistas.
En el caso mexicano, el propio Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch ha reconocido en algunos medios los grandes retos que enfrentan las instituciones de seguridad pública de este país, desde hace varios años.
Como referencia de la delicada situación que se atraviesa, la decapitación a plena luz del día de un presidente municipal en una ciudad capital como ocurrió en Chilpancingo, Guerrero, con Alejandro Arcos en octubre de 2024, es una gran expresión del reto. De forma retórica, por supuesto, pregunto: ¿Cómo sería una explicación razonable de esto a un comité de riesgo de un fondo de inversión internacional?
¿Prevenir este tipo de acontecimientos es responsabilidad exclusiva del gobierno federal? Me parece que no lo es, pues los gobiernos locales y municipales, detentan una facultad concurrente de la seguridad pública.
Según el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Mexicana, asigna esta función de la seguridad pública a los tres órdenes de gobierno, y dispone que sus fines son el cuidado de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como propiciar y conservar el orden público y la paz social.
Consecuentemente, puede sostenerse que un gobierno que no garantice la seguridad pública destienda la Constitución, mientras que una administración que protega los valores ya descritos con un alto nivel de eficacia, facilita la inversión.
Una noticia de los últimos días confirma esta ruta de solución. Por ejemplo, en la última reunión ocurrida esta semana, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Presidenta de la República urgió a los gobernadores de los Estados a avanzar en la erradicación del delito de extorsión en un año, el cual como es sabido, se manifiesta a través del cobro de “derecho de piso” a ciertos empresarios.
Por otra parte, en cuanto a la seguridad jurídica, esta es una condición y derecho que garantiza la previsibilidad de las consecuencias normativas e institucionales en un Estado y tiempo determinados, es decir, se traduce en la capacidad de anticipar o predecir de manera razonable los factores y el desenlace que padecerán los intereses de la comunidad en cuanto a las normas aplicables a una operación.
Para el caso que nos ocupa, la seguridad jurídica facilita a los inversionistas considerar un respeto mínimo al patrimonio por comprometer, así como la existencias de instrumentos eficientes para su defensa, de menera que el resto de los actores con los que interactuan como empleados, proveedores y autoridades públicas, no realicen un ejercicio abusivo, inesperado o imprevisible, por un cambio significativo de las reglas del juego.
Debemos ser francos al reconcer la situación actual en esta materia, si bien México aún cuenta con un sistema normativo aceptable en términos generales para la atracción de inversión, algunos cambios estructurales en el ordenamiento jurídicio ha impactado de forma substancial en la capacidad instalada del Estado Mexicano en su misión de provisión de justicia profesional, pues la substitución de jueces de forma tan drástica como acontenció, puede significar una afectación al estandar de producción de juzgadores, quienes definirán contiendas laborales, mercantiles, civiles, fiscales y administrativas, en las que están inmersos los fondos privados de inversión.
En el contexto puramente financiero, el problema no radica en el mecanismo de selección de las autoridades, sino en la posibilidad de la elección de candidatos no idóneos cuyas resoluciones se conviertan en un inhibidor natural de la inversión.
La afirmacíón anterior ha sido materia de estudio, por algunos expertos y miembros del sector empresarial como se expuso en el mes pasado, en un informe dirigido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, por la Mesa Empresarial que agrupa a los principales CEO de ese país, con miras a la renovación del T-MEC. El comunicado es visible en: https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-comments-on-the-operation-of-usmca.
De forma contundente, el documento concentra las inquietudes de los suscribientes para la revisión de un tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual es representativo de hasta el 30% del PIB mundial, y en su apartado titulado “Factores que afectan el clima de inversión en América del Norte”, aseveró que la reforma judicial y la modificación de ciertos reguladores independientes “genera preocupación de que las disputas entre inversionistas privados y el gobierno se basen en consideraciones políticas y no en el estado de derecho.”; e identificó enunciativamente “un riesgo de los poderes judiciales politizados”.
En seguimiento a este relevante factor de la seguridad jurídica, en un reciente estudio publicado por el Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE), puede leerse el análisis de los especialistas Sonia Di Giannatale Menegalli, Fausto Hernández Trillo y Sofia Huidobro Blanco, los cuales plantearon una interrogante: ¿Puede una reforma judicial cambiar la forma en que fluye el dinero en una economía?
En su análisis, logran demostrar cómo la confianza de los prestamistas depende de la capacidad del sistema judicial para el cumplimiento de las obligaciones de los acreditados. El material es verificable en https://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/6422/Retos%20de%20la%20Economia%20Mexicana%202025-20230%2018082025%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Este fenómeno adquiere más importancia en un país como el nuestro en el que el crédito es escaso y costoso para un sector importantísimo como los micro, pequeños y medianos empresarios, conformantes de la mayor provisión de empleos.
Si bien el crédito por sí mismo no es lo mismo que la inversión, ambos elementos se complementan e interactúan de forma íntima en muchas ocasiones, para el crecimiento y desarrollo económico.
Finalmente, pido que no se me malentienda. De ninguna forma sugiero que el país ha perdido de forma absoluta su perfil de inversión por estos acontecimientos asociados a la seguridad pública y a la seguridad jurídica, simplemente encuentro que México sería un país más atractivo para el inversionista, si atendiera esta materia.
Se mantiene un voto de confianza en el buen trabajo que puede hacer el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y la nueva Fiscal General.
POR: Eduardo González
