En Chiapas continúa avanzando un proceso fundamental para el sistema educativo: la regularización de los predios donde operan escuelas públicas de diversos niveles. Esta acción, considerada prioritaria por el Poder Legislativo estatal, busca garantizar certeza jurídica y facilitar el acceso a recursos para mejorar la infraestructura escolar.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Alejandra Gómez Mendoza, detalló en entrevista que el Congreso trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación en un programa que comprende la desincorporación y regularización de los terrenos ocupados por centros educativos.
Recordó que, hasta antes de 2024, alrededor del 70 % de las escuelas en Chiapas funcionaban en predios sin título de propiedad. Esta condición les impedía acceder a apoyos para infraestructura provenientes de organismos como el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifed), limitando mejoras y ampliaciones necesarias.
“La encomienda que compartimos con el Ejecutivo es avanzar en la regularización de todas estas escuelas”, enfatizó Gómez Mendoza.
Entre los avances más recientes, destacó la desincorporación de 16 planteles en Tuxtla Gutiérrez realizada la semana pasada, además del progreso significativo registrado en el municipio de Berriozábal.
La legisladora reconoció que al inicio existieron dudas respecto a programas como La Escuela es Nuestra, aunque con el paso del tiempo —dijo— ha quedado claro su impacto en el mantenimiento y rehabilitación de planteles, especialmente en aquellos que antes no podían acceder a recursos estatales o federales.
“Gracias a este programa, muchas escuelas lograron mejorar sus instalaciones”, señaló.
Gómez Mendoza también resaltó el trabajo de los comités de supervisión que vigilan el uso adecuado de los recursos y el compromiso de madres y padres de familia para potenciar cada inversión realizada.
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