A pesar del agravamiento de la violencia en distintas regiones del país y del creciente número de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, el Senado de la República mantiene detenida desde septiembre de 2020 la minuta que propone la creación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
La iniciativa, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, permanece estancada sin discusión ni votación en la Cámara Alta, lo que ha impedido la construcción de un marco jurídico que responda a uno de los problemas humanitarios más graves y silenciosos del país.
Una ley diseñada para atender un fenómeno en aumento
La propuesta legislativa incluía medidas fundamentales para atender a las víctimas de este fenómeno, entre ellas:
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La creación de un Registro Nacional de Personas Desplazadas,
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Un programa federal integral para la atención de casos,
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Un fondo presupuestal específico destinado a asistencia humanitaria, reparación de daños y apoyo para la reubicación o retorno seguro.
Sin embargo, la falta de recursos etiquetados y la ausencia de un compromiso político claro han frenado su avance. Organizaciones civiles y especialistas han advertido que sin estos elementos, la iniciativa ha quedado en un limbo legislativo que prolonga la desprotección de quienes se ven obligados a huir por factores como la violencia criminal, los conflictos territoriales o la inseguridad.
Expertos advierten sobre el impacto de la omisión legislativa
La ausencia de una legislación federal provoca un vacío que, según defensores de derechos humanos, impide garantizar protección efectiva a las comunidades más vulnerables.
Janette Carrillo, especialista de la Universidad Iberoamericana, ha denunciado que la falta de un marco normativo robusto debilita la respuesta institucional, particularmente para pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños, quienes suelen ser los más afectados por los desplazamientos masivos.
Carrillo subraya que sin una ley que obligue a las autoridades a atender, registrar y reparar estos casos, las víctimas continúan enfrentando un panorama de incertidumbre, falta de acceso a justicia y carencias en servicios básicos.
Cifras que reflejan una emergencia nacional
Un reciente estudio de la Universidad Iberoamericana expuso un incremento alarmante en los desplazamientos forzados durante 2024, duplicando las cifras registradas el año anterior.
Este repunte evidencia no solo el avance de la violencia en varias regiones, sino también la falta de políticas públicas coordinadas que permitan prevenir y atender la crisis humanitaria.
Conclusión
Mientras el fenómeno del desplazamiento forzado interno crece a niveles históricos, la falta de acción legislativa mantiene en vulnerabilidad a miles de familias mexicanas. Organizaciones y especialistas coinciden en que reactivar la discusión y aprobación de la ley es urgente para garantizar protección, justicia y reparación a quienes lo han perdido todo huyendo de la violencia.
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