Por 344 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México que permite a la Marina abordar buques para inspeccionarlos, detención de personas y temas de ciberseguridad, entre otras cosas.
La oposición se pronunció en contra de la militarización del país y dejó en claro que honrar a las Fuerzas Armadas, pero manifestaron su desacuerdo con las facultades “amplias” a la Armada en aduanas y otras áreas, sin contrapesos civiles ni menciones a los derechos humanos.
Esta iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, adiciona a las atribuciones de la Armada su participación en la formulación de políticas de defensa exterior y en la elaboración de la política nacional de defensa marítima, lo que permite la defensa de la soberanía mediante el empleo del poder naval ante riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
Posturas de diputadas y diputados
La diputada Julia Licet Jiménez Angulo (PAN) mencionó que se insiste en seguir ampliando el poder y las funciones de las Fuerzas Armadas en áreas que deben ser responsabilidad de las autoridades civiles.
“Esta nueva ley no fortalece a la Armada, la desnaturaliza. No fortalece al Estado, lo debilita. Seguiremos defendiendo a la patria, el orden constitucional, la libertad, la democracia, los derechos humanos y el carácter civil de nuestra República”.
Por Morena, la diputada Rosalinda Savala Díaz, afirmó que con el dictamen se fortalece la autoridad de la Secretaría de Marina y fija la misión de la Armada de México, enfocándose en la protección de los intereses marítimos.
“Esta iniciativa fue pensada en las y los mexicanos al ocuparse en la defensa de la soberanía nacional, el combate de los actos ilícitos y la protección de los intereses marítimos nacionales”.
La diputada de MC, Patricia Flores Elizondo, dijo que el Congreso no puede seguir normalizando la sustitución del Estado civil por un Estado militarizado; la seguridad pública debe seguir siendo una función civil, no militar.
“Reconocemos y respetamos profundamente a la Marina Armada de México, pero no acompañaremos esta iniciativa que profundiza la militarización de funciones que deben permanecer en manos civiles”.
El diputado Alejandro Pérez Cuéllar (PVEM) argumentó que el nuevo ordenamiento no solo moderniza el marco jurídico, sino armoniza sus atribuciones con las tareas que el Estado mexicano le ha encomendado para garantizar el mantenimiento del Estado de derecho, el cumplimiento de las leyes nacionales y la observancia de los instrumentos jurídicos internacionales.
“Nuestra Armada es un eslabón fundamental en la defensa de la soberanía nacional, en la protección de nuestras costas y mares”.
Graciela Ortiz González, diputada del PRI, precisó que el dictamen, en lugar de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, institucionaliza la discrecionalidad y crea un marco legal que blinda la opacidad, pues “bajo la supervisión de mandos navales se han documentado robos fiscales por más de 600 mil millones de pesos por contrabando de hidrocarburos y, aun así, queremos darles más atribuciones y más facultades”.
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