En México, hablar de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no es un tema lejano o exclusivo de especialistas. Es una realidad que impacta de manera directa en la estabilidad económica, en la seguridad nacional y en la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones financieras. Por eso, desde la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), hemos asumido como misión impulsar soluciones responsables que protejan a los usuarios y fortalezcan el sistema financiero.
La semana pasada tuvimos un momento trascendental en este esfuerzo: junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizamos un taller de alto nivel para reforzar la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Este encuentro, dirigido a directores generales y oficiales de cumplimiento de instituciones financieras, reunió a instituciones financieras mexicanas clave como Afirme, Banco Azteca, Gentera, Consubanco, Círculo de Crédito, Banco Base, Banco Dondé, Bancoppel, entre otros, así como representantes de las Unidades Estatales de Inteligencia (UIPEs).
La ley FEND Off Fentanyl de Estados Unidos y la designación de los cárteles como organizaciones terrroristas implica una nueva dinámica para el sistema financiero; y México, por su posición geográfica y la magnitud de sus flujos financieros, está en la primera línea de esta batalla.
En mi intervención durante el taller lo dije con claridad: los métodos usados por el crimen organizado evoluciona todos los días, nosotros también debemos hacerlo. Lo que significa generar conocimiento, compartir mejores prácticas, trabajar de manera conjunta y fortalecer la cooperación tanto entre instituciones privadas como entre los sectores público y privado.
Un paso fundamental fue la firma del Convenio de Colaboración entre UNIFIMEX y la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUIALD) representada por Neri León. Este acuerdo establece 5 ejes estratégicos que serán decisivos para blindar al sistema financiero:
- Intercambio de información institucional con las Unidades Estatales de Inteligencia.
2. Análisis estratégico de tipologías y patrones, con estudios comparativos y mapas de riesgo.
3. Capacitación conjunta y seminarios, tanto presenciales como virtuales.
4. Proyectos de investigación en materia de cumplimiento y prevención de operaciones ilícitas.
5. Un mecanismo público–privado de alertas y focos rojos, que permitirá detectar con mayor anticipación riesgos emergentes.
Agradezco profundamente a Guillermo Lagarda, coordinador de la Agenda de Conocimiento de la División de Capacdad Institución del Estado, y a Neri Toshiro, presidente de la CONAUIALD. Gracias a su generosa disposición, estas acciones no son declaraciones de buena voluntad, sino compromisos concretos que fortalecen la capacidad de respuesta de nuestras instituciones.
Cabe recordar que las entidades que forman parte de UNIFIMEX concentran más de 90% de los créditos personales, distribuyen dos terceras partes de las remesas en México y contamos con 30% de la infraestructura física del sistema financiero nacional. Es decir, somos actores fundamentales en la inclusión financiera y en la protección de millones de familias mexicanas.
En un país donde la percepción de inseguridad y corrupción continúa siendo un reto, cada esfuerzo para blindar la integridad del sistema financiero tiene un impacto positivo en la credibilidad de nuestras instituciones. Y esa confianza es la que permite que más mexicanos ahorren, inviertan y accedan a crédito, lo que finalmente detona crecimiento económico y mejores niveles de vida para los mexicanos.
Enfrentar estas amenazas no es opcional. Es una necesidad urgente para proteger nuestra economía, nuestras instituciones y sobre todo, a millones de familias mexicanas.
