Pese a ello, la medida, anunciada desde el Despacho Oval, instruye a la fiscal general Pam Bondi y a la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, a solicitar la pena capital en todos los casos que lo ameriten, especialmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes policiales. “Si matas a alguien, si matas a un agente de policía, le caerá la pena de muerte”, declaró Trump durante el acto de firma.
Es decir, buscará otorgar prioridad a esta medida merece especial atención ante las “amenazas a la seguridad pública” que enfrenta la ciudad.
Bajo esta misma lógica, Trump tomó el poder federal sobre la policía metropolitana de la capital desde el pasado 11 de agosto, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en Washington D.C.
La capital de Estados Unidos tiene un estatus legal único, ya que no es un estado y opera bajo una relación con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre asuntos locales.
Pese a ello, la decisión ha generado controversia en un territorio históricamente opuesto a la pena capital y gobernado por autoridades locales demócratas. Aunque el memorando no especifica qué delitos serán castigados con la pena máxima, sí establece que los fiscales deberán solicitarla en todos los casos donde las pruebas lo justifiquen.
Sin embargo, tras la firma surgen dudas, pues dicho castigo requeriría cambios legislativos y podría enfrentar barreras jurídicas, ya que la mayoría de los homicidios en Washington DC se procesan bajo la ley local, que no contempla la pena de muerte.
