Organizaciones no gubernamentales y activistas canadienses advirtieron que las reformas que Canadá ha anunciado a su programa de trabajadores extranjeros temporales, que cada año atrae a centenares de miles de personas, tienen que respetar sus derechos humanos.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI), el Consejo Canadiense para Refugiados (CCR) o la Alianza Internacional de Migrantes (AIM) recordaron en una rueda de prensa celebrada en Ottawa que el Programa de Trabajadores Temporales Extranjeros de Canadá (TFWP, en inglés) ha sido denunciado por alimentar “abusos y explotación generalizada”.
Marisa Berry Méndez, representante de AI, denunció los tintes “racistas” de los políticos canadienses que en los últimos años han exigido cambios al programa, o su eliminación, porque “roban” empleos a los canadienses.
“Esto no solo ignora realidades económicas complejas, sino que enfrenta a trabajadores entre sí y pone en riesgo la seguridad de personas inmigrantes y racializadas en sus lugares de trabajo y en la calle”, declaró.
El Gobierno canadiense ha anunciado que reducirá el número de trabajadores temporales extranjeros en el país para que su proporción con respecto a la población total de Canadá pase del 7% actual al 5% en los próximos años.
En 2024, Canadá concedió 472,190 permisos de trabajo temporal a extranjeros. En 2023 la cifra había sido 374,850 y en 2022 fue de 238,180.
La reducción del número de trabajadores temporales extranjeros en el país es parte de la nueva política de Canadá para reducir de forma dramática el número de extranjeros en el país.
Las autoridades han justificado las reducciones por la incapacidad del país de absorber el elevado número de inmigrantes.
A principios de septiembre, el líder del Partido Conservador de Canadá, y líder de la oposición, Pierre Poilievre, pidió a Ottawa la cancelación del TFWP, a excepción de los del sector agrícola.
Poilievre declaró entonces que los ciudadanos canadienses están siendo reemplazados con trabajadores extranjeros “con bajos salarios, que vienen de países pobres y que están siendo explotados”.
Pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos señalaron este martes que la propuesta de Poilievre “no resolverá nada” y que “solo profundizará la explotación de los trabajadores migrantes sin mejorar las condiciones de los trabajadores canadienses”.
AI señaló que lo que se necesita es una política sobre la base de la defensa de los derechos humanos de los trabajadores extranjeros, “que garantice su movilidad, dignidad y la igualdad de protección a todos los trabajadores”.
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