Los organismos internacionales y el Gobierno mexicano deben vigilar las implicaciones humanitarias de los ataques con drones por parte del crimen organizado en diversas comunidades indígenas, señaló este viernes en México, Olivier Dubois, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Lo que (nos hace) preguntar(nos) justamente si este uso más importante de otro tipo de armamento que no es usado generalmente por la violencia criminal podría cambiar el análisis (en términos humanitarios). Eso creo que es importante seguir monitoreando (vigilando) bien”, dijo durante una conferencia en Guadalajara (oeste de México).
El jefe de la delegación para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que el uso de estas tecnologías indica que los grupos criminales en México han aprendido tácticas de guerra de conflictos en territorios con otros contextos.
“Claramente (estas) técnicas de uso de drones, el aprendizaje se hizo en otros conflictos armados y son ahora estas prácticas, esa técnica está adoptada por grupos aquí, eso sin duda”, indicó Dubois.
En años recientes, diversos grupos del crimen organizado han atacado poblados y comunidades indígenas en los estados mexicanos de Michoacán y Chihuahua con la intención de ganar territorio para la siembra y el trasiego de la droga.
En la ponencia de clausura del Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional y Humanitario, Dubois destacó que este tipo de ataques suponen también un reto para las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales para saber cómo responder a los grupos armados.
“También se debería analizar sobre qué significa este reto para las fuerzas armadas o fuerzas policiales, (de) cómo pueden responder a esos retos ellos mismos respetando los derechos humanos”, declaró.
Al referirse al tema migratorio, Dubois señaló que la Cruz Roja ha insistido en la necesidad de políticas jurídicas efectivas que consideren la alta vulnerabilidad a la violencia del crimen organizado a la que están expuestas las personas migrantes.
“Lo que hemos observado es que las personas migrantes tienen una alta vulnerabilidad a la violencia que existe en México y que sí ha sido y sigue (siendo) importante tener políticas de protección que sean jurídicas efectivas, que tomen en consideración esta alta vulnerabilidad”, concluyó.
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