Un juez federal bloqueó temporalmente el viernes la iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones rápidas de migrantes indocumentados detenidos en el interior de Estados Unidos.
La medida es un revés para los esfuerzos del ejecutivo republicano de ampliar el uso del estatuto federal de deportación acelerada para expulsar rápidamente a algunos migrantes que están en el país sin los permisos necesarios sin comparecer primero ante un juez.
Trump prometió llevar a cabo una operación masiva de deportación durante su campaña presidencial de 2024 si regresaba a la Casa Blanca. Y estableció el objetivo de realizar un millón de deportaciones al año en su segundo mandato.
Pero la jueza de distrito Jia Cobb, en Washington, D.C., sugirió que el uso ampliado por parte de la administración Trump de la deportación acelerada de migrantes está pisoteando el derecho a los afectados a un proceso justo.
«Al defender este proceso escueto, el gobierno presenta un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron al país de forma ilegal no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que el Congreso les otorgue», escribió Cobb en una opinión de 48 páginas emitida el viernes por la noche. «Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, sino todo el mundo, estarían en riesgo».
El Departamento de Seguridad Nacional anunció poco después de que Trump asumiera el cargo en enero que ampliaría la aplicación de la deportación expedita, la expulsión rápida de migrantes sin la documentación exigida que llevan menos de dos años en el país.
Esta medida ha sido recurrida en los tribunales por la Unión Americana de Libertades Civiles y grupos de defensa de los derechos de los migrantes.
Antes de la iniciativa de la Casa Blanca para expandir su uso, este tipo de deportación se aplicaba únicamente a personas detenidas a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera y que habían estado en suelo estadounidense menos de 14 días.
Cobb, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden, no cuestionó la constitucionalidad de la ley de deportación expedita ni su aplicación en la frontera.
“Simplemente considera que, al aplicar el estatuto a un gran grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado previamente sujetas a una deportación expedita, el gobierno debe otorgarles el debido proceso”, escribió.
Agregó que “priorizar la rapidez sobre todo lo demás llevará inevitablemente al Gobierno a expulsar erróneamente a personas a través de este proceso truncado”.
A principios de este mes, Cobb acordó bloquear de forma temporal los esfuerzos del gobierno para ampliar las deportaciones rápidas de inmigrantes que ingresaron de forma legal al país bajo un proceso conocido como libertad condicional humanitaria, un fallo que podría beneficiar a cientos de miles de personas.
En ese caso, la jueza dijo que Seguridad Nacional excedió su autoridad legal en su esfuerzo por aplicar la deportación expedita para muchos migrantes. Según la magistrada, esas personas enfrentan peligros que superan cualquier perjuicio que pueda suponer «pausar» los planes de la Casa Blanca.
Desde mayo, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se han apostado en los pasillos para realizar detenciones después de que los jueces aceptan los pedidos del gobierno para desestimar los casos de deportación. Después del arresto, las autoridades renuevan el procedimiento de expulsión pero bajo la versión acelerada.
Aunque las deportaciones rápidas pueden suspenderse presentando una solicitud de asilo, los afectados pueden no estar al tanto de ese derecho e, incluso si lo están, pueden ser expulsadas rápidamente si no pasan la evaluación inicial.
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