En la Atenas clásica, la democracia no conocía informes solemnes ni discursos anuales que resumieran la acción del poder. Lo que sí conocía era la “euthyna”, es decir, el imperativo de rendir cuentas al final de cada mandato. Ningún funcionario podía abandonar su cargo sin responder por su gestión ante la “polis”. Ese examen público distinguía dos ámbitos: la revisión del manejo de los recursos y la evaluación de la conducta personal del magistrado. La política se vivía, entonces, como un diálogo constante entre gobernantes y gobernados, sostenido en la palabra y en la vigilancia ciudadana.
Los estrategas militares, a su vez, debían presentar informes sobre campañas y gastos, justificando victorias y derrotas. La plaza pública y la asamblea no eran espacios de complacencia, sino de escrutinio. El gobernante se sabía vulnerable a la mirada de los ciudadanos, obligado a argumentar y defender su proceder. En ese sentido, la “euthyna” era más que un procedimiento legal, era un recordatorio filosófico de que el poder no se posee, se administra, y todo administrador debe rendir cuentas a la comunidad que lo confió.
Hoy, en un contexto radicalmente distinto, los informes de gobierno en muchos países mantienen viva esa exigencia ancestral. En México, dicha práctica tiene una historia llena de giros curiosos. El primero fue presentado por Guadalupe Victoria en 1825, pero su carácter formal quedó asentado en la Constitución de 1917, cuando Venustiano Carranza fijó el 1 de septiembre como fecha oficial.
A partir de ese momento, el acto adquirió nuevas formas y símbolos: en 1936, Lázaro Cárdenas fue el primer presidente en darle un carácter masivo al transmitir su discurso por radio, mientras que en 1950 Miguel Alemán Valdés inauguró la era televisiva al convertir su cuarto informe en la primera emisión de la televisión comercial del país.
El ritual protocolario de la lectura ante el Congreso se vio alterado en 2006, cuando el mandatario Vicente Fox se quedó en la antesala del salón de sesiones de San Lázaro y, entre empujones y gritos, entregó su informe. Desde entonces, el presidente envía el documento por escrito cada 1 de septiembre —a través del secretario o la secretaria de Gobernación— y dirige un mensaje a la nación desde otro recinto, que en los últimos años ha sido el Palacio Nacional.
El próximo 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su primer informe ante la nación. Al margen del ritual institucional, el acontecimiento encierra también un significado histórico: por primera vez en nuestra vida republicana, una mujer ejerce el acto solemne de explicar, justificar y proyectar la dirección del país.
Más que un recuento frío de obras y cifras, se espera que el informe sea, como en la Atenas de Pericles, un momento de encuentro entre la palabra y la legitimidad. Allí se construye la relación entre gobernante y gobernados: la confianza se alimenta de la transparencia, y la transparencia se sostiene en la responsabilidad de hablar con verdad.
Si la “euthyna” griega nos recuerda que ningún poder es absoluto, el informe presidencial enseña que la democracia se debilita si no se cultiva la rendición de cuentas. Ambos gestos —el de ayer y el de hoy— comparten una misma convicción: la política no es dominio, sino servicio, y todo servicio reclama la palabra pública que lo explique.
Al igual que los atenienses exigían saber en qué se gastaba el tesoro común, la ciudadanía mexicana espera explicaciones sobre la gestión de los recursos en áreas estratégicas como seguridad, programas sociales, salud, educación, infraestructura y transición energética.
En la voz de la presidenta resonará el eco de un año de gobierno y la convicción de que el poder, para ser justo, debe ser siempre transparente. El informe presidencial trasciende el mero trámite burocrático, pues gobernar implica, en todo momento, hablar de frente, comunicar con claridad los resultados y las decisiones tomadas.
Por: Mario Cerino Madrigal
