Frente a dos proyectos para anular la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la presunta distribución masiva de acordeones, el bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó -con tres votos contra dos- la contienda. Los magistrados que ratificaron la elección afirmaron que no se puede llegar a ese extremo a partir de “suposiciones “ o tramas “paranoicas” y advirtieron que anular la elección de los integrantes de la Corte sería un golpe institucional para la democracia mexicana.
La presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, expuso que “no se trabaja de a ver cómo tiramos el proceso electoral”.
Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, plantearon anular la elección porque – señaló Rodríguez Mondragón- «existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía”.
Dicha estrategia, apuntó, Rodríguez Mondragón, “fue eficaz y logró que los resultados electorales observados y por sus características se trata de un mecanismo ilegal de inducción del voto suficiente para declarar la nulidad de esta elección”.
Su proyecto, lo fundamentó con 3 mil 182 acordeones impresos que fueron parte de los expedientes, así como un apartado de mediciones estadísticas y de probabilística con los que aseveró que 70 por ciento de las guías contenían los nueve nombres de quienes ganaron su cargo como ministro de la Corte.
En contraparte, la presidenta del TEPJF, así como los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, respondieron con una andanada de críticas a ambos proyectos, de los que consideraron que no contiene una sola prueba que acredite una acción coordinada e ilegal.
Soto Fregoso fue más allá y tras señalar que fue “crónica de un proyecto anunciado, o dos en este caso”, cuestionó: ¿De verdad se quiere anular una elección nacional con una gráfica que no sé si todos entendidos?, ¿porque es atípico el resultado?”.
Replicó que “es querer anular una elección con estadísticas complejas?, porque no se puede probar de otra manera. De verdad se quiere anular una elección porque se concentraron los votos en las personas ganadoras?, pues no veo como se pueda ganar una elección si no se concentran los votos en las personas ganadoras”.
Y al exponer que la reforma judicial derivó de un proceso democrático, además de ser parte de una reforma constitucional, que “durante este tiempo hubo, válidamente hay que decirlo, una visión o una estrategia para echarla abajo”.
Ante ello, relató que hubo dos momentos en que el proceso “puedo no haber sido”. Uno, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) definiera que no era posible hacer una elección en estas condiciones. El otro, dijo, fue cuando se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, pero “la Corte dejó válida la reforma electoral. De ahí para acá, no quedaba opción más que cumplir con la Constitución, y este Tribunal Electoral, hasta este día, eso ha hecho. En el camino ha habido muchos obstáculos, criterios que hemos tenido que asumir porque no hay precedentes, porque hay lagunas en la reforma, porque hay muchas áreas de oportunidad, que tampoco nos corresponde dar ideas; nosotros elitismo sentencias”.
“Si no hemos entendido qué cambió la manera de integrar el Poder Judicial en México, estemos o no acuerdo, hay un mandato, hay un diseño constitucional que había que respetar, aplicar y hacer válido. Aquí no se trabaja de a ver cómo tiramos el proceso electoral, aquí lo que se trababa era de analizar y resolver los conflictos que se presentaran el desarrollo”, subrayó.
En tanto, al presentar su postura, Felipe Fuentes Barrera, sostuvo que “para ilustrar lo falaz del planteamiento” con el que se buscaba anular la elección, de los más de 3 mil acordeones que se presentaron como pruebas, no se acredita quién, dónde o cómo se distribuyeron.
“El proyecto que se presenta habla de un amplio volumen de pruebas, y con ello pretende aparentar solidez, pero lo cierto es que, un análisis detallado demuestra que esas pruebas son pocas y débiles, sobre todo, frente a la grave consecuencia que se pretende: la nulidad de una elección nacional”, agregó.
Felipe de la Mata Pizaña hizo cien cuestionamientos a los proyectos, luego de exponer que sólo en 73 casos se ha declarado la nulidad en casi 30 años de existencia del Tribunal Electoral.
“¿Pierde la ciudadanía su capacidad de decidir libremente el sentido de su voto por haber recibido un acordeón en la mano? ¿Incluso, si no lo comparte?, ¿Es realmente posible, como sugiere el proyecto, que 13 millones votaran por un acordeón y nadie votara considerando la trayectoria, afinidad ideológica o conocimiento de una candidatura? El proyecto subestima la inteligencia ciudadana. ¿O acaso las 13 millones de personas que votaron son ovejas, ciegas, sordas y acríticas?”, dijo De la Mata.
Dentro de los proyectos que buscan la nulidad, explicó, no hay una sola prueba de un solo ciudadano identificable que haya sido presionado o inducido al voto por un acordeón, tampoco se acredita quienes fueron los responsables.
“¿A quién se los atribuimos? ¿Fueron los gobiernos? ¿Fueron partidos políticos en su caso de oposición? ¿Fueron oficialistas? ¿Fueron candidatos? ¿Fueron sindicatos? ¿Fueron empresarios? ¿Fue el crimen organizado? ¿Fueron las iglesias? ¿Fueron los Poderes Federales y Estatales o Municipales? ¿Quién hizo estos acordeones? Nada dice el proyecto”, añadió.
Mientras el magistrado concluyó que no se comprueba que los acordeones físicos que se presentaron en el expediente hayan sido usados en la jornada electoral, ya que pudieron haberse elaborado después de las elecciones, la presidenta del Tribunal Electoral refirió que los acordeones parecen nuevos, “recién desempacaditos o recién impresos”.
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