“Lo que se mide se puede mejorar”. Esta fue una frase del británico William Thomson Kelvin, así como una expresión vicaria del eslogan en el extinto CONEVAL.
Aplicada la frase anterior a la vida pública nacional se produce la reflexión sobre el cumplimiento de metas y objetivos en las instituciones oficiales, algunas de ellas -con más frecuencia de la que se quisiera reconocer- reportan avances raquíticos.
¡Sometamos a la medición de sus resultados a instituciones muy concretas en materia de fiscalización y combate a la corrupción!
El 27 de mayo de 2015, se publicó el último diseño de la configuración constitucional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y el Subsistema Nacional de Fiscalización, que son instancias de coordinación de las autoridades especializadas en supervisar el debido ejercicio de recursos públicos, y en su caso, imponer las sanciones a los servidores públicos y particulares que infringen ciertas normas.
A 10 años de dicha reforma, se enviaron diversas solicitudes de acceso a la información a las 32 entidades federativas, para que de forma específica las Entidades de Fiscalización Superior, las Contralorías y los Tribunales de Justicia Administrativa, expusieran elementos objetivos para medir su productividad durante estos años.
Se realizaron las mismas preguntas por tipo de autoridad, y las peticiones estaban enfocadas principalmente en los números de expedientes resueltos por presunta responsabilidad administrativa (grave y no grave según corresponda); el número de resoluciones que consideraron que se habían violado los principios que rigen la relación con el servicio público y por ende había “responsabilidad administrativa”; cuántas de ellas estaban firmes; y la aproximación del número de servidores públicos involucrados en las áreas generadoras de estas decisiones, entre otras cosas.
Cabe destacar que la regulación toral de estos procedimientos es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue expedida hasta 18 de julio de 2016 y entró en vigor un año después, sin embargo, se tomaron en cuenta las respuestas por cada año que reportaron los sujetos obligados, algunos de ellos, indicaron expedientes desde 2015.
¿Cuáles fueron los resultados trascendentes?
Lamentablemente no todas las autoridades cuestionadas respondieron, y respecto de las cuales sí contestaron, en unas cuántas los términos de sus respuestas no son idóneos en el grado de detalle para aplicarles la medición. No obstante, dividiré por tipo de autoridad, las respuestas exitosas.
- Contralorías, responsables de la resolución de faltas administrativas no graves.
El Estado de Jalisco, a través de su Contraloría es la institución que encabeza el número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual emitió 4,007 informes, mientras que el Estado Tabasco, a través de su Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informa que cuenta con 12 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, con lo que se coloca al final de la tabla.
Ahora bien, de los informes que se emitieron, no todos fueron admitidos. Para este caso, Jalisco encabeza la lista, al tener 3,521 informes admitidos, por lo cual se revela que, en 486 ocasiones, la autoridad substanciadora le rechazó su promoción de responsabilidad.
Esto permite por su parte, construir un indicador: ¿Cuál es la Contraloría a la cual se le han rechazado más Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) no grave? El resultado de los 3 primeros lugares es Morelos, con 2,779, Hidalgo con 1,888, y Jalisco que ya quedó apuntado, en IPRAS rechazados.
Contrastan el punto anterior, los Estados de Durango, Coahuila, Colima y Tabasco, los cuales en los 3 primeros casos no se registra un solo IPRA presentado y sin admitir, y Tabasco, sólo uno se rechazó.
Por lo que respecta a los expedientes por presunta responsabilidad administrativa que están resueltos, nuevamente la Contraloría de Jalisco reporta el mayor avance con 2,414, en contraste con Tabasco, el cual sólo cuenta con 9 resoluciones de su Secretaría Anticorrupción, no obstante, la finalidad de esta medición no es para confirmar la cantidad, sino la calidad de los juicios de reproche que las autoridades formulan a sus servidores públicos.
De esta forma, las Contralorías que cuentan con más resoluciones de responsabilidad administrativa firmes, son Campeche, Oaxaca y Nuevo León, quienes cuentan con 1,531, 1,016 y 950, respectivamente.
Ahora bien, en cuanto a la productividad real, esto es, el la tasa o grado de éxito que la Contralorías tienen, considerando cuántos expedientes de investigación, detonados en un proceso de responsabilidad administrativa, son correspondidos con una resolución firme que considera la existencia de faltas administrativas, se encuentra el Estado de Campeche, que mediante su Secretaría de la Contraloría, tiene un éxito del periodo reportado de 86.5%, pues 8 de cada 10 servidores públicos que fueron citados a su audiencia para defenderse y aportar pruebas, fueron sancionados por esta institución.
Le siguen Durango y Colima, con 77.01% y 74.24%, respectivamente con tasa de efectividad.
Por otra parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Quintana Roo, cuenta con la tasa más baja en éxito de sus investigaciones procesadas, pues su grado de éxito es de 5.67%, al sólo contar con 78 resoluciones firmes que consideran la verificación de responsabilidades administrativas, de los 1,376 informes de presunta responsabilidad administrativas que le han sido admitidos.
Jalisco que encabezó la lista en IPRAS emitidos, baja a la posición 17 de lo Estados evaluados, con una tasa de éxito de 14.63%, es decir, de cada 100 servidores públicos citados a la audiencia para defenderse ante la Contraloría, sólo 14 cuentan con una resolución de sanción firme. Recordatorio de que la cantidad no es sinonimia de la calidad.
Los 3 Estados con la tasa de éxito más bajo de sus autoridades investigadoras desde la comparación de IPRAS contra resoluciones con responsabilidad firmes, son Quintana Roo con 5.67%, Baja California Sur con 7.89% y Morelos con 8.62%.
¡Claro, a este indicador se le puede objetar que compara resoluciones de responsabilidad firmes, frente a informes admitidos, en vez de contra el número de resoluciones emitidas! Pero dado que se está evaluando la “Productividad del sistema”, a corte de 10 años de su creación, los informes admitidos y no resueltos pueden considerarse -en una gran cantidad de ellos- como un rezago.
Pero para complacer, si alguien quiere comparar las resoluciones con responsabilidad firmes, contra resoluciones emitidas, se puede destacar Colima con el 100% de éxito, al poder presumir 49 resoluciones firmes con responsabilidad, mismo número que resoluciones emitidas, seguida de Campeche con 92.26% y Oaxaca con 86.25% en este rubro.
- Entidades locales de Fiscalización Superior, responsables de investigar y substanciar faltas administrativas graves.
Estas instituciones, además de practicar auditorías en sentido estricto a diversas organizaciones principalmente públicas, substancia responsabilidades administrativas graves, es decir, prepara el expediente por este tipo de cargos o ilegalidades, y lo envía al Tribunal para su resolución.
En otras palabras, estas Entidades locales de Fiscalización Superior investigan, así como citan a audiencia a los servidores públicos en los casos de faltas administrativas graves.
Se les preguntó el número de informes por faltas graves que les han sido admitidos, y el resultado es el siguiente:
La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, encabeza la lista con 518 informes de presunta responsabilidad que le fueron admitidos, mientras que, según sus respuestas oficiales, Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza y Querétaro, no cuentan con un solo informe de responsabilidad admitido, y por consiguiente, ninguna resolución.
En otro contexto, las Auditorías punteras con la obtención resoluciones firmes por encontrar faltas administrativas graves, son Nayarit con 198 resoluciones, y el segundo sitio es Chihuahua, que cae hasta 38 expedientes resueltos.
De nueva cuenta, en el análisis de la calidad de las posturas de las autoridades investigadoras, es decir, de la comparativa entre las resoluciones emitidas y las resoluciones con responsabilidad administrativa por faltas graves, que sean firmes, Morelos y Tabasco son las entidades punteras, mediante sus Auditorías, las cuales cuentan con el 50% de éxito, con 2 y 1 resoluciones firmes.
Es dramático el caso de 17 Entidades de Fiscalización Superior que a corte de la respuesta reportan no haber obtenido una sola resolución firme de falta grave. Dichas entidades son Aguascalientes, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Sinaloa, Campeche, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Colima.
- Tribunales de Justicia Administrativa, responsables de la resolución de faltas administrativas graves.
En el caso de la información proporcionada por los Tribunales, las Entidades Federativas que cuentan con el porcentaje más alto de “punibilidad”, es decir, la representación del número de las resoluciones por faltas administrativas graves firmes, en comparación con las resoluciones emitidas, son Hidalgo, Jalisco y el Estado de México, con una tasa de 83.33%, 30.53% y 28.57%, respectivamente. Nótese como del primer lugar, tanto el segundo como el tercero cuentan con una distancia considerable.
En las posiciones inferiores de la tabla, se encuentran Yucatán y Zacatecas, que no cuentan con una sola resolución de falta administrativa grave, que se encuentre firme.
Antes de concluir, estimo imperativo resaltar que la diminuta productividad nacional de las instancias sancionadoras, no es directamente responsabilidad de las autoridades resolutoras, sino en mucho sentido de las autoridades investigadoras que envían procedimientos de responsabilidad con elementos débiles y que una vez pasado por los filtros de la normatividad aplicable, dicho trabajo carece del potencial para sostener la imposición de una sanción.
Finalmente, a los servidores públicos les corresponde no guiarse de este aparente espejismo de impunidad, pues recuérdese que este breve análisis corresponde a irregularidades administrativas, que muchas de ellas cuentan con la posibilidad de encuadrarse en un tipo penal, como ejercicio abusivo de funciones o ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, que en muchos Estados comparten identidad en sus elementos. Estas reflexiones no contemplan los indicadores de las fiscalías locales.
¡No se olvide que las áreas de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, también están sometidas el principio de legalidad y eficiencia en el servicio público! La productividad en las entidades federativas nos invita a reflexionar sobre el éxito de su desempeño, pues a 10 años de la reforma, existen autoridades que no han estrenado sus funciones.
