El proceso electoral judicial está en su última etapa: la resolución de las impugnaciones. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzará, en los próximos días, a emitir las sentencias que pongan fin a cualquier controversia relacionada con posibles irregularidades ocurridas durante las campañas que puedan afectar el resultado de la jornada del 1º de junio.
Si bien en esta fase todas las miradas están puestas en el órgano jurisdiccional electoral, me gustaría llamar la atención sobre otro fenómeno que también es consecuencia del cierre del proceso electoral: el cese de la socialización del trabajo de la judicatura y de la abogacía.
Algo que celebré de las campañas judiciales fue que el funcionariado del Poder Judicial saliera a las calles a informar a las personas sobre el quehacer de los tribunales. Al mismo tiempo, muchas abogadas y abogados comenzaron a compartir su conocimiento sobre temas jurídicos: cómo promover una demanda, ante qué instancia acudir para solicitar la respuesta a una petición planteada a las autoridades, cómo funcionan los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito.
La transmisión de esta información es valiosa porque, mientras más conocimiento tengamos sobre estos temas, contaremos con mejores herramientas para el ejercicio y la defensa de nuestros derechos.
Sin embargo, terminadas las campañas y pasada la jornada electoral, muchas cuentas en redes sociales bajaron la cortina. Quienes salieron al espacio público a ofrecer una justicia transparente y cercana, muy pronto se olvidaron de ello. Hoy son contados los perfiles que continúan promoviendo los derechos fundamentales y visibilizando el trabajo de la judicatura. Escasean las personas servidoras públicas o abogadas que sigan saliendo a las calles para entablar una comunicación cara a cara con quienes debemos nuestra práctica profesional.
No podemos permitir que estas acciones se pierdan. No podemos regresar a ejercer la función judicial desde un escritorio o repetir la frase de que las personas juzgadoras solo hablan por sus sentencias. Ese silencio y ese distanciamiento solo generan desconexión de la judicatura y desconfianza de la ciudadanía hacia sus tribunales.
Que la comunicación entre las cortes y la sociedad no sea una simulación ni una actividad que solo veremos en tiempos de campañas. Quienes trabajamos en el sistema de justicia debemos entender que estamos sujetos al escrutinio público, y que las críticas no están reñidas con el derecho de las personas a agotar los medios para impugnar de nuestras decisiones.
La dinámica ya cambió, y la sociedad exige una justicia pronta, transparente y cercana. Esto no significa conceder amparos de manera indiscriminada, sino acabar con la práctica de simular la impartición de justicia, como si no existiera una obligación de rendir cuentas a la ciudadanía sobre nuestras decisiones.
Que continúen las campañas para brindar información y socializar el derecho. Que siga el esfuerzo por construir un mejor sistema de justicia. Solo así podremos tener la justicia que queremos.
