El estado de Derecho es un principio de gobernanza en el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales, en otras palabras, es el respeto al sistema legal, y está directamente relacionado con el desarrollo económico nacional. Por eso mismo, a partir de la reciente elección de jueces y magistrados resulta oportuno reflexionar sobre una necesidad impostergable: la consolidación de tribunales especializados en materia financiera.
Un caso de éxito que debe escalarse a nivel nacional es el del estado de Puebla, donde opera un tribunal con la subespecialización en materia financiera. Desde su implementación, los resultados han sido evidentes, mostrando mayor eficiencia en la resolución de conflictos derivados de operaciones de crédito, cobranza y garantías; además, han permitido que jueces con conocimiento técnico atiendan temas que, de otro modo, podrían resolverse con criterios generales o desactualizados.
Ahora bien, ¿por qué son necesarios estos tribunales? Porque las controversias financieras no son simples, necesitan un nivel de tecnicidad, involucran contratos complejos, instrumentos jurídicos especializados y marcos normativos en constante evolución. Dejar estos casos en manos de juzgados civiles o mercantiles ralentiza los procesos, encarece la justicia y genera inseguridad para inversionistas y acreditados por igual.
Cuando los bancos otorgan un crédito, uno de sus principales riesgos es no recuperar el dinero si el deudor no paga; si el sistema es lento, costoso o impredecible, los bancos consideran que el riesgo de impago es alto, por tanto, necesariamente tienen que aumentar las tasas de interés para compensar ese riesgo. En cambio, si existieran tribunales financieros especializados en cada entidad federativa, con jueces expertos y procesos rápidos y predecibles, se mejora la eficiencia en la recuperación de deudas y se reducen los costos legales y de litigio, obteniendo como resultado créditos más baratos y accesibles; especialmente para pequeñas empresas y personas sin historial bancario perfecto.
Por eso, se debe aprovechar la renovación del Poder Judicial para institucionalizar y expandir esta visión. Para lograrlo, desde la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas hemos decidido crear un subcomité para el Fortalecimiento de la Justicia Financiera, donde vamos a proponer tres líneas de acción:
- Impulsar la legislación a nivel local para la creación de juzgados y salas especializadas en materia financiera, con competencias claras y personal judicial capacitado.
- Capacitar permanentemente a jueces y personal adscrito en temas financieros y tecnológicos, dado que el ecosistema crediticio hoy se encuentra cada vez más vinculado a herramientas digitales, fintechs y modelos disruptivos de financiamiento.
- Establecer mesas de diálogo entre el Poder Judicial, autoridades financieras y representantes del sector, para construir una justicia que responda con pertinencia a los retos reales del mercado
Contar con tribunales especializados permite entender la complejidad de los múltiples productos financieros como créditos, hipotecas, coberturas, etcétera; se evitan los conflictos de índole política o discrecional; y permite que haya la confianza para que más instituciones como Fintech, sofomes y bancos digitales, se animen a entrar al mercado. Como resultado hay mayor competencia, bajan los precios del crédito, mejoran las condiciones y también la calificación de riesgo del sistema financiero nacional lo que reduce las tasas en el mediano plazo.
En un entorno económico actual tan reservado, el crédito a las mipymes y la expansión sostenida al financiamiento productivo, sería determinante para la reactivación y el crecimiento. Aquí justamente, es donde apostarle a la justicia especializada, sería un factor clave de éxito.
