Con 19 votos a favor y 17 en contra, el Congreso oficializó el rechazo a convertir a Guanajuato en el estado número 23 del país en sumarse a legalizar el aborto.
El voto que hizo la diferencia fue el de la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo, quien mencionó no estar de acuerdo con que el aborto sea “tratado con como un servicio más”.
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“No estoy de acuerdo en que se normalice como política pública. En Guanajuato no hay mujeres en la prisión por abortar (…) Eso significa que no es necesario eliminar el tipo penal para proteger a la mujer, la mujer ya está protegida en este estado”, zanjó.
Con esta decisión, Guanajuato se estanca en la lista de nueve estados mexicanos que no han despenalizado el aborto en el país, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena a los congresos locales armonizar sus leyes con los criterios constitucionales en materia de derechos reproductivos.
Esta votación estatal estuvo bajo la mirada de organismos internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva (UNFPA), la cual previo a la votación hizo un llamado con el que subrayó la urgencia por avanzar “hacia un marco normativo que garantice la igualdad y la protección de los derechos humanos de las mujeres”.
El dictamen, que fue aplazado a discusión el pasado 29 de mayo por empate con 18 votos a favor y en contra, tenía como objetivo discutir tres iniciativas de reforma al Código Penal estatal en materia de despenalización del aborto voluntario.
Guanajuato tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes con un 31%, además en este mismo estado han sido atendidas en hospitales 466 personas de 1 a 17 años por violencia sexual, el 90.8% de estos casos correspondían a mujeres, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En 2007, la Ciudad de México fue la primera jurisdicción del país en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, aunque recientemente el Congreso de la capital puso sobre la mesa la eliminación del plazo para abortar, lo que -para el legislativo local- contribuye a la “criminalización y afecta a las mujeres más vulnerables”.
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A partir de 2019, la decisión de la Ciudad de México fue adoptada progresivamente por los estados de Campeche, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Coahuila, Yucatán y Tabasco.
(WCLS)
