Si algo nos ha enseñado uno de los políticos más importantes de este país en los últimos años, es que deja más en este negocio tomar las cosas por la fuerza, que pedirlas por favor. Principalmente cuando se va contra la corriente.
Lección no aprendida por varios candidatos que no ganarán el próximo domingo.
Acabadas las campañas y casi a un día de la Elección Judicial llega una triste conclusión: Numerosos candidatos que desfilaron en este primer ejercicio se caracterizaron por adoptar la visión de desprecio y descalificación al modelo de impartición de Justicia que será substituido, y los que no se comportaron así, se limitaron a repetir sus cartas credenciales -que si bien todas mejores que las de este crítico, no por eso estimulantes para los electores-, con lo cual se desaprovechó la oportunidad de representar un “producto político” disruptivo.
Debe estimarse así, pues atrás quedaron las dubitaciones si los candidatos a nuevos togados son actores políticos o no, pues todo aquél que se deseó postular, de una forma u otra se ostentó como una opción en el mercado electoral, para ser escogido por el electorado frente a otras “ofertas judiciales”.
Me atrevo a catalogar las candidaturas por mí conocidas como “no disruptivas” debido a que muchas sólo reprodujeron el desdén por la Judicatura anterior y a partir de ello se atribuyeron presunciones infundadas de capacidad a su favor, por el simple hecho de ser nuevos aspirantes a esos cargos.
Común es en las campañas tradicionales para los Poderes Ejecutivo y Legislativo prometer: “más salud, más seguridad, más agua, más trabajo, más obras”, entre otras cosas, ¿Pero, todo ello cómo se consigue? Justo esa es la respuesta ausente en muchas campañas y propuestas ganadoras de las contiendas.
Los aspirantes por los nuevos cargos judiciales de elección popular padecen del mismo vicio. Pocos dijeron cómo se consigue una “Mejor Impartición de Justicia”, con la precisión de que muchos de aquellos que sí lo describieron, señalaron propuestas inviables o superficiales que carecen de una relación de causa-efecto entre lo que proponían y la justicia a la que querían llegar.
Por estas consideraciones, si los años por venir serán tiempos para recibir jueces por voto popular, también lo será que las ofertas políticas caduquen y los discursos con prontitud se sientan acartonados y sin relación emocional con el electorado. Para los asesores y estrategas electorales eso será una tarea pendiente.
En este sentido, por un “Candidato disruptivo” que nunca vi, me refiero aquél que pudo haberse separado de la visión adoptiva del discurso falaz replicante de que nada de lo que existía funcionaba.
¿Cuál hubiera sido una campaña más atractiva y útil a estos tiempos? Como un gran cerebral me dijo: ¡No hay escasez de recursos, hay escasez de creatividad!
La candidatura que nunca vi, fue una que expusiera, por ejemplo, los vicios de la Reforma Judicial, con potencial invalidatorio. Esto no era difícil para cualquier abogado que tenga una cédula profesional, pues este columnista detecta por lo menos 5 argumentos autónomos entre sí, de irregularidades en el procedimiento legislativo, y además 17 razones materiales que acreditan la violación a los derechos de múltiples involucrados con fuente en el Derecho Internacional. Pero jamás en el horizonte se me presentó un candidato que hablara así.
Este comportamiento pudo haberse expuesto con la única finalidad de demostrar que la función de un juez es defender los derechos de la población y el Estado de Derecho, en lugar de adherirse a las posturas de las mayorías, las cuales en algunas ocasiones pueden tomar decisiones agraviantes de los derechos.
Después de todo, en una contienda electoral hay que llamar la atención y explicar porqué nuestra plataforma es diferente y mejor que las otras.
¡Imagine usted, estimado lector, que en vez de ver un candidato prometerle que le dará más y mejor justicia, sin decirle cómo, hubiera visto una figura valiente que se expone criticando con argumentos las decisiones del Estado!
Eso hubiere sido reflejo de profundos conocimientos técnicos y una gran entereza en una misma persona. ¿Qué más quiere como Juez cuando el Estado toque su puerta, con una demanda por temas hipotecarios, un requerimiento del SAT, una denuncia penal por un hecho con prisión preventiva oficiosa, una expropiación, o un expediente de responsabilidad administrativa?
Pero no. En la mayoría de los candidatos se perdió la oportunidad de ver un desfile de juristas desafiantes, y en su lugar vimos únicamente uno de candidatos amateur -no todos por supuesto-.
Con melancolía queda el recuerdo de una pared en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde puede verse en letras doradas la frase: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”. Frase del Ciervo de la Nación.
¿Nos protegerán contra los fuertes y los arbitrarios los candidatos a jueces a quienes les daba miedo reconocer que, serán investidos como juzgadores porque la letra constitucional desempleó a quienes antes tenían la toga?
Un reto adicional para las siguientes elecciones judiciales de 2027 -que por prudencia se anticipa que no serán las últimas-, será conquistar por la sociedad y el gremio la garantía de “candidatos independientes” a juzgadores.
Aquí no me refiero por independencia a que carezcan de interés o compromisos indebidos con ciertos sectores (que debe asegurarse también), sino en la forma como el artículo 35, fracción II, de la Constitución mexicana lo autoriza para los candidatos típicos a cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo, esto es, a los aspirantes que consiguen la candidatura por el respaldo de un determinado número ciudadanos, expresado mediante firmas, sin que ninguna institución oficial previamente los seleccione.
A eso último, ¿acaso a los amantes de la interpretación literal de la ley, se les olvidó plantear que es un derecho ciudadano solicitar el registro como candidato de forma independiente?
¿Por qué es importante esto? Por los errores de diseño de las normas en esta elección las cuales facilitaron que, en algunos casos, no habrá competencia, dado que en 51 ocasiones para cargos a juzgadores federales y en 72 para cargos locales, los candidatos no contienden con nadie.
En este fenómeno lleva la delantera Durango, en donde hay 49 cargos en disputa para jueces locales y hay sólo 49 candidatos, todos ellos propuestos por los tres Poderes del Estado. Este caso norteño es la defraudación a la visión popular de la reforma, pues deberá quedar en la memoria que aquí la decisión de los ganadores la tomó el Poder y no el Pueblo. (El domingo también veremos si la ciudadanía le da la espalda o no a este grupo en el gobierno, en la elección por la Capital, como la visible antesala de la entrega del Estado.)
De forma tradicional se reconoce a los juzgados como instancias altamente poderosas, pero tal parece que, con este tipo de prácticas duranguenses, lo que se busca es justo lo contrario, que los jueces sean un “no poder”.
Nota: Los comentarios de esta columna no están exentos de ser equivocados si alguien conoció a un candidato que cumpla con las características positivas descritas.
POR: Eduardo González
