La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, y tendría profundas implicaciones económicas para nuestro país.
El lavado de dinero es el proceso de integrar a la economía legal fondos cuyo origen es ilícito, mientras que el financiamiento del terrorismo se refiere a la obtención y utilización de fondos para apoyar actos terroristas. En otras palabras, mientras el primero se refiere a la “entrada” de recursos en el sistema financiero, el segundo se refiere a la “salida” de dinero para financiar directa o indirectamente actividades terroristas.
El destino de los fondos a terroristas hasta antes de esta determinación estaba relativamente identificado en ciertas regiones del mundo, por ejemplo, grupos como Al-Qaeda y Hezbollah, ISIS y hasta la FARC. Sin embargo, las implicaciones de designar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas son muy diferentes, porque su impacto económico puede ser mucho más amplio y profundo.
Una vez que un grupo es designado cártel-terrorista cualquier persona o entidad que lo financie directa o indirectamente, incluso sin saberlo, puede ser objeto de sanciones. Esto podría afectar a: empresas legítimas que están en zonas controladas por cárteles; remesas y transferencias; empresas involucradas en el comercio internacional pues podrían enfrentar revisiones más estrictas en aduanas extranjeras, retrasos o bloqueos de mercancía si se sospecha de sus operaciones; así como restricciones a empresas de transporte y logística.
También tiene repercusiones en las instituciones financieras, especialmente las relacionadas con grandes operaciones cambiarias, porque obligadas a endurecer sus controles, seguramente tendrán que elevar sus costos operativos, incluso restringir el acceso al crédito. Afortunadamente, desde hace muchos años se han adoptado medidas proactivas para fortalecer sus sistemas de PLD-FT, esto incluye la implementación de tecnologías avanzadas para la detección de operaciones sospechosas, la capacitación continua del personal y la realización de auditorías internas rigurosas.
Hay que reconocer que también el Gobierno de México ha estado avanzando. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso en 2024 multas a diversas instituciones por deficiencias en sus sistemas de PLD. Además, se espera que en las siguientes semanas se aprueben diversas reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) organismo internacional que por cierto preside orgullosamente una mexicana: Elisa de Anda Madrazo.
Sin embargo persisten desafíos, la falta de especialistas en PLD-FT es una preocupación, ya que 400 oficiales de cumplimiento son insuficientes para más de 100,000 actividades vulnerables en el país. Aquí quiero destacar que la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) durante 13 años de manera ininterrumpida ha realizado el Seminario PLD-FT con presencia de autoridades federales e internacionales, así como especialistas reconocidos en la materia; y este año, no será la excepción.
Un último punto, la colaboración entre México y Estados Unidos es crucial en esta lucha. Ambos países han acordado mejorar la cooperación, reconociendo la necesidad de un enfoque coordinado y eficaz.
En resumen, aunque la idea de combatir con más fuerza a los cárteles puede parecer buena, el impacto económico de tratarlos como terroristas podría ser devastador si no se maneja con extrema cautela y cooperación internacional. Podría bloquear economías locales, alejar inversiones y aumentar la pobreza, lo que paradójicamente refuerza las condiciones que favorecen al crimen organizado, y de ahí que su diligente atención debe estar en el más alto nivel de todas y cada una de las instituciones financieras en México.
Autor: Soraya Pérez
