Aunque el salario mínimo en México ha tenido un aumento histórico en los últimos años, aún está lejos de garantizar una vida digna para millones de personas trabajadoras.
Así lo señaló Enrique Provencio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, quien llamó a continuar con una política salarial activa y sostenida que cierre las brechas existentes.
En el marco del Día del Trabajo, conmemorado desde 1913 en México en recuerdo de la represión a una manifestación obrera en Chicago, el economista advierte que más de la tercera parte de la población trabajadora mexicana no percibe lo suficiente ni para adquirir la canasta alimentaria.
Provencio destacó que entre 2018 y 2024 el salario mínimo ha mejorado en un 137%, al pasar de 89.44 a 193.44 pesos diarios. Incluso en la frontera norte el aumento ha sido aún mayor. No obstante, subraya que este avance, aunque significativo, no alcanza para cubrir las necesidades completas de una familia, como lo representan las canastas alimentaria y de bienes y servicios.
Recuerda que el movimiento por la recuperación del salario en México comenzó en 2014, con la participación de especialistas e investigadores que impulsaron reformas legales que abrieron el camino para el incremento salarial de 2019.
“El principal efecto de esta política fue empujar hacia arriba el resto de los salarios”, afirma. A partir de 2018, los ingresos de las personas trabajadoras han crecido cerca de 4% anual y, descontando la inflación, el poder adquisitivo ha aumentado poco más de 2% cada año.
Sin embargo, la desigualdad persiste. Las mujeres siguen ganando, en promedio, 20% menos que los hombres. Las brechas regionales también son profundas: en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Veracruz, el ingreso promedio por persona es 60% más bajo que en entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Chihuahua.
En los municipios indígenas, la situación es aún más grave: el salario promedio es menos de la mitad que en los no indígenas, y en el sector informal los ingresos también son inferiores a la mitad respecto al empleo formal.
Provencio también hace énfasis en la deuda pendiente con trabajadoras del hogar, de las cuales sólo un 4% están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque se estima que existen más de 2.5 millones de personas dedicadas a esta labor.
Lo mismo ocurre con jornaleros y jornaleras agrícolas, quienes enfrentan dificultades no sólo económicas, sino también en el acceso a educación para sus hijas e hijos y en condiciones adecuadas de salud.
Finalmente, el académico advierte que la revolución tecnológica —marcada por la inteligencia artificial, la automatización y la robotización— exige acelerar la preparación académica de la población para evitar un mayor desplazamiento de personas trabajadoras y garantizar una inclusión justa en la transformación digital del mundo laboral.
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AM
