Un tribunal federal asestó un revés jurídico a la Fiscalía General de la República (FGR) al confirmar la suspensión que impide de forma provisional la aprehensión de Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con la construcción de siete estaciones de Policía, que habría causado un daño al erario por más de 3,412 millones de pesos.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México declaró improcedente e infundada la queja presentada por la FGR contra la medida cautelar que protege temporalmente a Aureoles, exmandatario estatal por el PRD. El fallo fue propuesto por Winyber Jiménez Navarrete, secretario en funciones de magistrado.
El colegiado consideró que la suspensión está debidamente fundamentada, ya que se basa en jurisprudencia obligatoria emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte. Esta norma establece que, si el delito imputado no contempla prisión preventiva oficiosa, se puede otorgar una suspensión de amparo que impida la detención.
La decisión también subrayó que la reciente reforma constitucional —en vigor desde el 1 de enero— no obliga a dictar prisión preventiva en todos los casos, dado que solo modificó el artículo 19 de la Constitución. No se alteraron los artículos que regulan los derechos fundamentales vinculados a la suspensión del acto reclamado.
En el análisis, Jiménez Navarrete apuntó que el Ministerio Público no contaba con legitimación para interponer el recurso de queja, y que sus argumentos eran inoperantes, al no combatir adecuadamente la jurisprudencia en la que se sustentó el juzgador federal.
La FGR alegó que José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, actuó con vicios de fundamentación y motivación al otorgar la suspensión, y que no valoró debidamente el interés social ni el orden público. Sin embargo, el tribunal desechó estos razonamientos.
Con esta resolución, se mantiene vigente la protección judicial para Aureoles, quien deberá pagar una garantía de 52 mil pesos y presentarse en un plazo de tres días ante un juez de control del Reclusorio Oriente para rendir cuentas en una audiencia inicial.
El pasado 27 de febrero, una jueza federal había ordenado la captura de Aureoles y de siete exfuncionarios de su administración por delitos como peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero. Se les acusa de participar, entre 2016 y 2021, en contratos irregulares por la construcción y arrendamiento de estaciones policiales en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Según la FGR, los contratos fueron otorgados de forma directa a la empresa Inmobiliaria DyF, sin contar con proyectos ejecutivos, pagando sobreprecios y sin que la empresa fuera siquiera propietaria de los terrenos en cuestión al momento de la adjudicación.
TE PUEDE INTERESAR: CONAGUA prioriza a Tabasco en su agenda hídrica 2025
