Una jueza federal en California dictó una orden que limita significativamente las facultades de arresto de la Patrulla Fronteriza, prohibiendo la detención de personas sospechosas de vivir en Estados Unidos sin documentos si no existe una orden judicial o una justificación legal clara.
La jueza de distrito Jennifer L. Thurston resolvió este martes que los agentes no pueden realizar detenciones sin una sospecha razonable, ni pueden repatriar mediante «salida voluntaria» a migrantes sin antes informarles de sus derechos y obtener su consentimiento explícito.
La medida aplica específicamente al Distrito Este de California, región donde la Patrulla Fronteriza llevó a cabo en enero la llamada «Operación Retorno al Remitente», durante la cual decenas de personas fueron arrestadas, presuntamente sin los debidos procesos legales.
La decisión de Thurston es consecuencia de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de United Farm Workers y varios afectados, tras denunciar que los agentes realizaron redadas arbitrarias enfocadas en personas que parecían ser trabajadores agrícolas, sin verificar su estatus migratorio ni respetar sus derechos constitucionales.
Según la ACLU, los detenidos fueron transportados en autobuses a la frontera, retenidos incomunicados, y presionados para firmar documentos de renuncia a su derecho a comparecer ante un juez migratorio, aceptando supuestamente salir del país voluntariamente.
«La evidencia ante el Tribunal muestra que agentes de la Patrulla Fronteriza, bajo la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), violaron derechos constitucionales fundamentales», escribió la jueza Thurston en su fallo.
Como parte de la resolución, la impartidora de justicia ordenó que la Patrulla Fronteriza deberá presentar un informe bimensual que detalle quiénes son arrestados sin orden judicial y bajo qué justificación legal.
Los abogados del gobierno federal argumentaron que la corte no tenía jurisdicción sobre el caso y que la demanda era innecesaria debido a nuevas directrices internas emitidas tras los hechos. Sin embargo, Thurston rechazó esa postura, señalando que la revisión de políticas no garantiza el cese de detenciones ilegales ni asegura que dichas normas no sean modificadas en el futuro.
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