La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza este martes el segundo encuentro con colectivos de buscadores de personas desaparecidas al que acuden agrupaciones de Puebla, Morelos, Baja California, Jalisco, Querétaro, estado de México y la Ciudad de México, así como representantes de la Iglesia católica que han acompañado a buscadores.
Asistentes a la reunión pidieron que los funcionarios públicos que no cumplan con su labor ante las denuncias por este delito, no sólo se queden en sanciones administrativas, sino que también sea de tipo penal.
En la segunda jornada de diálogos con colectivos, que inició a las 18:00 horas también acude Héctor Mario Pérez Villarreal, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México y acompañante de colectivos y víctimas; Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la paz, entre otros.
Como parte de los colectivos, acude María Herrera Magdaleno, de la Brigada Nacional de Búsqueda y quien tiene cuatro hijos desaparecidos en Guerrero y Veracruz. También se encuentra María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.
Al inicio de la mesa de trabajo, los cincuenta participantes se presentaron. Uno a uno tomaron el micrófono para dar su nombre, el de su familiar desaparecido y pedir justicia y localización. “¿Porque los buscamos?, ¡porque los amamos!”, lanzaron entre las consignas frente a las autoridades federales.
Luego de que el lunes, la secretaria de Gobernación hizo un ultimátum a los funcionarios públicos que no cumplan con su labor y ofrezcan una atención con perspectiva de derechos humanos a las víctimas, Jaquelín Palmeros, presidenta de Una Luz en el Camino y madre de Monserrat, desaparecida en 2020 y localizada sin vida en noviembre pasado, pidió que “no solamente debe ser una sanción administrativa, sino una sanción penal, porque muchos de estos servidores públicos son los que ponen el pie para no encontrar a las personas”.
Previo a la reunión, relató en entrevista que se encuentran con “la apatía, la insensibilidad y el desconocimiento por parte de los funcionarios públicos que nos atienden, creo que eso es lo que a todas nos aquejan. Posteriormente viene la revictimización, la hostilidad, la negatividad. Todo el tiempo es una constante de trabas”.
Reconoció que genera motivación que las autoridades federales reciban a las agrupaciones, pero acotó que “el reunirnos no nos garantiza que vayamos a dar pasos firmes, sin embargo, tenemos que dar el beneficio de la duda de que esta vez se pueda construir algo efectivo para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas”.
Adelantó que denunciarán la falta de coordinación entre autoridades y una exposición indebida de datos biométricos. También, pidió crear un método efectivo para atender los nuevos casos, así como resolver los que están rezagados.
Fernando Oceguera, de la Asociación Unidos por los Desaparecidos, se pronunció porque las autoridades avancen en las pruebas genéticas derivadas de las fosas, ligadas con Santiago Meza López, el Pozolero, en Tijuana, Baja California, señalado por la desaparición de cerca de cientos de personas. Recalcó que aún hay 16 mil 500 litros de emulsión orgánica que no se han procesado, y que podrían corresponder a más de 700 cuerpos.
Por la secrecía de las investigaciones, la dependencia federal anticipó que el desarrollo del diálogo será en privado, sin la presencia de medios de comunicación. Se prevé que el encuentro se extienda por más de tres horas.
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