Uno de los mayores desafíos que enfrenta la economía mexicana no proviene únicamente de factores externos como la inflación global o la desaceleración económica; también emana de una problemática interna que afecta directamente la operación y crecimiento de nuestras empresas: la extorsión. Este delito, que ha escalado en los últimos años, no sólo erosiona la seguridad pública, sino que también tiene impactos tangibles en el desarrollo económico y la confianza empresarial.
En este contexto, celebro que la presidenta Claudia Sheinbaum haya colocado el combate a la extorsión como una prioridad, presentando recientemente una iniciativa de ley anti extorsión que busca cerrar vacíos legales, endurecer penas y ampliar la definición del delito para abarcar nuevas modalidades, incluidas las digitales.
El problema, sin embargo, hay que decirlo, va más allá del endurecimiento de penas. Según datos del Inegi, cerca del 25% de las empresas en México han sido víctimas de algún tipo de extorsión. Este fenómeno no sólo incrementa los costos operativos de los negocios a través de pagos ilegales, contratación de seguridad privada o reducción de horarios, sino que inhibe la inversión, fomenta la informalidad y desalienta la expansión de nuevas iniciativas productivas, especialmente en sectores estratégicos y regiones clave del país.
¡El costo económico es evidente! La extorsión resta competitividad y afecta el clima de negocios. Cada vez que un empresario decide cerrar operaciones, recortar personal o no expandirse por temor a amenazas, la economía pierde dinamismo, empleos y oportunidades. Además, la constante percepción de inseguridad mina la confianza en el Estado de derecho y en la capacidad institucional para proteger al sector productivo.
Además, este delito también impacta al sistema financiero. La extorsión muchas veces se canaliza a través de cuentas bancarias, pagos digitales o mecanismos de lavado de dinero. Por ello, los bancos y entidades financieras mexicanas han fortalecido sus sistemas de prevención, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. Sin embargo, el combate efectivo requiere de una estrecha colaboración entre instituciones financieras y autoridades, así como marcos normativos que permitan actuar con rapidez para congelar activos ilícitos y proteger a los clientes que puedan ser víctimas.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en el sector financiero. El éxito de la ley anti extorsión propuesta dependerá de su correcta implementación, de que las fiscalías tengan los recursos y capacidades para investigar y sancionar eficazmente, y de que exista un acompañamiento real a las víctimas, especialmente a las MiPymes las más vulnerables.
Combatir la extorsión debe entenderse no sólo como un tema de seguridad pública, sino como una decisión estratégica para garantizar el crecimiento económico sostenido de México. Si queremos que el país alcance su potencial y que más inversiones nacionales y extranjeras se consoliden, es imperativo ofrecer un entorno seguro, predecible y libre de amenazas. La iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum es un primer paso en la dirección correcta, pero la magnitud del problema exige un enfoque integral y coordinado. Solo así podremos construir un México más seguro, próspero y competitivo.
