Forzado por una resolución polémica de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) disparó hoy el tope de gastos de campaña permitido para los candidatos de las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, especialmente para los aspirantes a cargos nacionales, que podrán gastar hasta un millón 468 mil pesos para promocionar su imagen.
Pese a los reclamos consternados de varios consejeros, el tope de gastos de campaña de 220 mil 336 pesos, establecidos en la reforma judicial, se multiplicó por siete para los cargos nacionales –ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del TEPJF–; creció a 881 mil 304 pesos para las salas regionales del TEPJF, y se duplicó a 413 mil 111 pesos para las magistraturas de circuito.
Después de aprobarse el punto de acuerdo de hoy, lo que el Consejo General debió hacer para alinearse con la resolución vinculante del TEPJF, solo los candidatos a juez de distrito quedan sometidos al techo de 220 mil 336 pesos marcado por la ley.
“Ahora resulta que la literalidad de la norma que dice ‘no podrá ser superior’ (a 220 mil pesos) ahora debe interpretarse como ‘no podrá ser inferior’. ¿Con qué razón? No tengo idea», deploró el consejero Arturo Castillo, quien denunció que el TEPJF no aportó ningún argumento para ordenar el rebase del tope de gastos de campaña.
A excepción de dos consejeros –Carla Humphrey y Jorge Montaño–, todos los integrantes del Consejo General del INE que tomaron la palabra lanzaron duras críticas contra la orden del TEPJF, pues afirmaron que además de contradecir el texto de la ley, generará inequidad en la contienda en beneficio de los candidatos más ricos.
A diferencia de elecciones normales, el proceso electoral del poder judicial no involucrará recursos públicos ni privados; de acuerdo con la reforma constitucional y las reglas aprobadas, los candidatos solo podrán utilizar su dinero para financiar su campaña, con la prohibición expresa de contratar publicidad –en cualquier modalidad– o encuestas.
«Es un precedente atroz para la fiscalización», aquejó la consejera Dania Ravel, quien calificó la decisión de la Sala Superior del TEPJF como un «desatino tremendo». «Se propicia que el dinero sea un factor de ventaja severo y determinante de una candidatura sobre otra», agregó.
En el mismo tono, el consejero Uuc-kib Espadas denunció que la sentencia del tribunal electoral «impone actuar fuera de la ley», e insistió en que el TEPJF «no interpretó la ley, la contradijo».
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