El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves haber iniciado el traslado de 177 migrantes retenidos en la base militar de Guantánamo (Cuba) hacia Venezuela.
En una publicación en la plataforma X, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que un avión del Gobierno estadounidense transportó hoy a los migrantes desde la base hacia Honduras, donde fueron «recogidos por el Gobierno venezolano y llevados a su país de origen».
Desde el pasado 4 de febrero, EEUU comenzó a trasladar a migrantes venezolanos – varios de ellos en centros de detención desde hace meses- hacia la base militar en territorio cubano.
Durante este periodo de tiempo, las autoridades han enviado a 178 migrantes a la isla, según información entregada por funcionarios de DHS ante una corte del Distrito de Columbia, un dato conocido tras una demanda presentada por varias ONG que busca detener los traslados hacia el complejo militar.
El Gobierno de Donald Trump no ha entregado los nombres de las personas que fueron trasladadas hoy, ni ha dado más detalles de cuándo se espera que aterricen en Caracas.
Como parte de sus política de «mano dura» contra los migrantes en EE.UU., Trump decidió retener a los migrantes, todos venezolanos, en la base militar.
Varios funcionarios de la Administración, incluyendo la Secretaria Kristi Noem, han calificado a estas personas como «lo peor de la peor» y han justificado su traslado a Guantánamo asegurando que son de «alto riesgo» y vinculándolos con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
Sin embargo, tanto testimonios de familiares de algunos de los migrantes a EFE, como una revisión de sus antecedentes penales, contradicen las acusaciones del Gobierno.
EFE conversó con los familiares de seis venezolanos detenidos en la base militar, que defendieron la inocencia de sus seres queridos, y no pudo encontrar tampoco un récord criminal para estos hombres que los vincule con el Tren de Aragua o delitos graves.
En la demanda, liderada por la organización ACLU, los abogados acusaron al Gobierno de mantener a los migrantes incomunicados y estarlos deteniendo en un «agujero negro legal».
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