La Fiscalía General de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de «aceptar» un plan para asesinar por envenenamiento al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, a fin de mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al líder progresista.
La acusación se recoge en la denuncia presentada este martes ante la Corte Suprema por el fiscal general, Paulo Gonet, en la que imputó a Bolsonaro y a otras 33 personas de urdir un golpe de Estado para impedir la investidura de Lula.
La querella detalla que la trama estructuró «un plan de ataque a las instituciones», bautizado como ‘Punhal Verde Amarelo’ (Puñal Verde Amarillo, en alusión a los colores de la bandera brasileña), que buscaba «derrocar» el orden democrático.
«Ese plan fue construido y llevado al conocimiento del presidente de la República (por aquel entonces Bolsonaro), que lo aceptó», señaló Gonet.
El fiscal general basó su acusación en un extenso informe policial, que se divulgó el pasado mes de noviembre y en el que ya se reveló que Bolsonaro tuvo «pleno conocimiento» del potencial magnicidio.
Ahora, la Fiscalía sostiene que los acusados buscaron «neutralizar» el Supremo y evaluaron «el uso de armas bélicas» contra el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el alto tribunal, y «la muerte por envenenamiento» de Lula.
Además, los imputados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de Bolsonaro, querían «el control total sobre los tres poderes» y establecer un «gabinete central» con la intención de «organizar un nuevo orden» sin Lula en el poder.
Para conseguirlo, pretendían crear un ambiente de «conmoción social capaz de arrastrar al Alto Comando del Ejército a la aventura del golpe», lo que finalmente no ocurrió.
Gonet afirmó en la denuncia que, como fase inicial, se llevaron a cabo «acciones de monitoreo» a Lula y al juez De Moraes.
«El plan preveía la muerte de los implicados, por medios como explosivos, instrumentos de guerra o envenenamiento», apuntó.
Bolsonaro es acusado de «liderar» la conspiración golpista, de acuerdo con la Fiscalía General, que le imputa delitos como «tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho», «organización armada para delinquir» y «golpe de Estado».
El Supremo decidirá ahora si acepta la querella y enjuicia al ex jefe de Estado (2019-2022) y al resto de acusados.
Horas antes de que se hiciera pública la denuncia, Bolsonaro, que se declara víctima de una «persecución» judicial, aseguró a los periodistas no tener «ninguna preocupación» al respecto.
En una de las primeras reacciones tras conocerse la imputación, la presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la diputada Gleisi Hoffmann, dijo en sus redes sociales que la denuncia es «un paso fundamental en la defensa de la democracia y del Estado de derecho».
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