Tras las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos sobre supuestos vínculos del crimen organizado con el Gobierno de México, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) llamó a cancelar la elección judicial por el riesgo de que grupos criminales se infiltren al sistema de justicia.
Según la JUFED, los señalamientos de la Casa Blanca coinciden con la advertencia de la Relatoría de la ONU para la independencia de los magistrados y diversas organizaciones nacionales y extranjeras sobre el riesgo de que una elección popular de personas juzgadoras abra la puerta a la infiltración de grupos criminales al sistema de justicia.
«La JUFED recuerda que la advertencia del riesgo de que estos grupos podrían tener una amplia influencia en el sistema judicial mexicano si se realizara una elección de personas juzgadoras, fue inicialmente planteada por el ex embajador de ese país, Ken Salazar», indicó.
Aseguró que además la Relatora Especial de la ONU, Margaret Satterhwaite, expresó su preocupación respecto a la reforma judicial en México que propone la elección popular de jueces, y advirtió que esta medida podría abrir la puerta a la influencia indebida de élites políticas, económicas e incluso del crimen organizado.
La Relatora señaló que la elección directa de juzgadores es poco común a nivel internacional y que, en contextos como el mexicano, existe el riesgo de que actores económicos poderosos o grupos delictivos ejerzan presión para inclinar los resultados a su favor, comprometiendo así la independencia judicial.
«En los últimos meses, los mexicanos hemos sido testigos de inconsistencias y graves irregularidades en el diseño y preparación de dicha elección, confirmando que no se tiene el control para evitar la influencia de tales grupos en vastas zonas del país.
«Hoy, con los señalamientos del actual gobierno estadounidense coincidente con el anterior, este peligro no sólo es una posibilidad, sino una amenaza real inminente. Por ello, la elección de juzgadores debe cancelarse», sostuvo.
La JUFED destacó que defender la independencia del poder judicial no es sólo un asunto de jueces y magistrados, sino de todos los mexicanos, y que el País no puede permitir que su justicia quede sometida a intereses políticos o criminales.
«La independencia judicial es el último bastión de la legalidad del Estado derecho. Si lo perdemos, perdemos nuestra democracia y las libertades de todas y todos», indicó.
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