El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para prohibir la siembra del maíz transgénico.
Iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso de la Unión. El maíz es un elemento de identidad nacional, cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico. pic.twitter.com/MxpuJEDfFR
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 26, 2025
Mediante un video en redes sociales, la presidenta explicó que se trata de una reforma a los artículos 4 y 27 constitucionales, a fin de establecer al maíz como “elemento de identidad nacional” y favorecer las técnicas agroecológicas para su siembra.
Sin maíz no hay país”, sentenció.
Sheinbaum Pardo detalló que las hasta ahora identificadas 59 razas de maíz son elemento fundamental del país, al haber sido creado en Mesoamérica.
Este maíz que tiene una diversidad enorme, diversidad genética en sus genes que es parte de nuestra cultura y la diversidad biológica, lo estamos protegiendo”, refrendó.
La reforma se propone tras revelarse en diciembre pasado el informe final del grupo conformado por tres especialistas del T-MEC que concluyó que las medidas implementadas por México para prohibir la importación de maíz genéticamente modificado no cumplen con los estándares internacionales y científicos requeridos por el tratado.
El Gobierno mexicano ha prometido que acatará la resolución, resultado de una controversia que inició Estados Unidos y a la que se sumó Canadá, al impugnar dos aspectos del decreto mexicano sobre la restricción del glifosato y maíz transgénico de 2023.
La disputa giró desde entonces alrededor de las medidas del Gobierno mexicano que prohíben el uso de maíz transgénico para consumo humano y establecen una gradual sustitución.
Según el panel, estas medidas no se basan en una evaluación de riesgos adecuada ni en la evidencia científica necesaria, lo que constituye una violación de los principios del T-MEC, que requieren políticas comerciales basadas en la ciencia.
Conforme a las reglas del tratado, México tenía un plazo de 45 días, a partir del 20 de diciembre para cumplir con el fallo y adecuar sus medidas de acuerdo con las conclusiones del panel.
No obstante, esta resolución solo emite un criterio sobre un decreto publicado en 2023, pero no limita a México a reformar su Constitución.
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FOH
